Por Serap Gunes* – Un proyecto de ley marco de 12 artículos, obtenido por The Amargi el miércoles, establece la base legal para la siguiente fase del proceso de paz de Turquía con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), y establece un mecanismo para suspender las investigaciones penales, los enjuiciamientos y las penas de prisión que cumplan los requisitos tras la disolución y el desarme verificados del grupo.
El proyecto de “Ley de Fortalecimiento de la Solidaridad Nacional y la Integración Social” entraría en vigor únicamente después de que las instituciones de seguridad de Turquía determinen que el PKK y sus estructuras afiliadas se han disuelto y han entregado todas las armas bajo su control, y que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) confirme esta constatación.
En lugar de conceder una amnistía general, la propuesta permitiría suspender las investigaciones penales, los procesos judiciales y las penas de prisión por un período de cinco o diez años, según la gravedad del delito. Si los beneficiarios no cometen nuevos delitos relacionados con hechos de supuesto terrorismo durante ese período, se archivarían los procesos y las penas de prisión suspendidas se considerarían cumplidas.
El proyecto de ley abarca delitos como la pertenencia, el liderazgo, la asistencia, la propaganda y la financiación del “terrorismo” al PKK. Excluye los homicidios intencionados cometidos en el marco de las actividades de la organización, así como las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005 que conllevan cadena perpetua o cadena perpetua agravada. Asimismo, excluye del mecanismo de aplazamiento de la pena a quienes ya hayan sido condenados por dichos delitos.
La propuesta contempla la creación de una junta gubernamental de alto nivel, presidida por el vicepresidente, para supervisar la implementación, autorizarla a monitorear el proceso de desarme y recomendar reformas judiciales, administrativas y legislativas adicionales, así como la creación de una comisión parlamentaria de monitoreo de diecisiete miembros. Las personas que deseen acogerse a la ley tendrán seis meses para presentar su solicitud una vez que el Consejo de Seguridad Nacional confirme formalmente la disolución y el desarme del PKK.
El proyecto de ley no aborda varias cuestiones políticamente delicadas que han dominado el debate sobre el proceso de paz, como la situación carcelaria de Abdullah Öcalan, un posible mecanismo de “derecho a la esperanza”, los derechos lingüísticos del kurdo, las reformas del gobierno local o los cambios democráticos más amplios que busca el movimiento político kurdo.
No obstante, sus partidarios han descrito la legislación como el primer paso de un proceso más amplio, en lugar de una solución integral, argumentando que su objetivo principal es establecer el marco legal para la disolución del PKK antes de que se consideren reformas judiciales y democráticas adicionales.
El Partido DEM, de tendencia prokurda, cuyos legisladores de alto rango —así como legisladores del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y su aliado nacionalista, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP)— firmaron el borrador el miércoles, declaró que consideraba la propuesta “no como un destino final, sino como un comienzo importante”. Si bien reconocieron las deficiencias de la legislación, los copresidentes Tuncer Bakirhan y Tulay Hatimogullari afirmaron que la apoyaban porque creían que abriría la puerta a la resolución del problema kurdo a través del Parlamento y allanaría el camino para futuras reformas de democratización.
¿Qué sucederá después?
El Parlamento aprueba la ley
El proyecto de ley debe ser aprobado primero por el Parlamento y promulgado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, para quienes se ven afectados por él, nada cambia de inmediato.
La disolución del PKK debe ser verificada
La ley solo entrará en vigor una vez que las instituciones de seguridad turcas determinen que el PKK y todas sus estructuras afiliadas se han disuelto; que todas las armas y municiones bajo su control han sido entregadas; y que el Consejo de Seguridad Nacional (MGK) confirme dicha evaluación.
El proceso solo podrá comenzar una vez que la decisión del MGK se publique en el Boletín Oficial.
Las personas que cumplan los requisitos deben presentar una solicitud
La ley no se aplica automáticamente. Las personas que deseen beneficiarse tienen seis meses para presentar una solicitud por escrito ante los fiscales o las instituciones designadas por la junta de implementación.
¿Qué ocurre con los diferentes grupos?
-Abdullah Öcalan: Probablemente no habrá cambios inmediatos. El proyecto de ley excluye a las personas condenadas antes del 1 de junio de 2005 por delitos que conllevan cadena perpetua o cadena perpetua agravada. Esto parece dejar a Öcalan fuera de esta legislación. Su situación legal probablemente requeriría una ley aparte u otro mecanismo legal.
-Un miembro del PKK que actualmente está siendo juzgado: Si los cargos se limitan a delitos contemplados en la ley —como pertenencia a una organización, asistencia o propaganda—, el tribunal podría suspender el proceso durante cinco o diez años. Si durante ese período no se comete ningún delito relacionado con el terrorismo, el caso sería desestimado.
Alguien que ya está cumpliendo condena de prisión
Si es declarado culpable de un delito que lo permita, la ejecución de la sentencia podría suspenderse. Si no se comete ningún otro delito relacionado con el terrorismo durante el período de suspensión, la sentencia se considerará cumplida en su totalidad.
Un alto comandante del PKK
Eso depende. Quedan excluidos quienes hayan sido condenados por homicidios intencionados cometidos en el marco de las actividades del PKK. Quienes hayan sido condenados únicamente por delitos contemplados en la ley podrían, potencialmente, cumplir los requisitos.
Un periodista, un activista o un ciudadano común procesado por propaganda del PKK
Potencialmente elegible. El proyecto de ley contempla expresamente los delitos de propaganda. Si el caso se ajusta al ámbito de aplicación de la ley, el procedimiento podría suspenderse y, posteriormente, archivarse si se cumplen las condiciones.
Políticos kurdos
El proyecto de ley no menciona a los políticos ni aborda las prohibiciones políticas, la destitución de alcaldes electos ni las reformas constitucionales. La posibilidad de que una persona se beneficie dependería de los delitos específicos cometidos.
Los kurdos en el exilio
La ley no aborda específicamente el exilio ni el retorno. Las personas buscadas en Turquía por delitos contemplados en la ley pueden presentar una solicitud, pero la legislación no explica cómo funcionarían las solicitudes desde el extranjero ni si se emitirán regulaciones adicionales.
Este no es el final del proceso de paz
Tanto el gobierno como el movimiento kurdo consideran que la Ley Marco constituye el fundamento jurídico para la siguiente fase del proceso de paz, más que su objetivo final. Su propósito inmediato es proporcionar un mecanismo legal para la disolución y el desarme del PKK, al tiempo que crea nuevas instituciones para supervisar el proceso, incluyendo una junta de coordinación gubernamental de alto nivel y una comisión parlamentaria de seguimiento compuesta por diecisiete miembros.
La legislación no aborda muchos de los temas políticos que han dominado el debate público, como la situación carcelaria de Abdullah Öcalan, un posible mecanismo de “derecho a la esperanza”, los derechos lingüísticos del kurdo, las reformas del gobierno local, los cambios constitucionales o medidas de democratización más amplias. Se prevé que estos temas sean objeto de negociaciones políticas independientes y de una posible legislación futura.
Esta expectativa ha sido reforzada tanto por funcionarios gubernamentales como por el partido prokurdo DEM. En un comunicado emitido tras reunirse con Öcalan en la prisión de Imrali días antes de la presentación del proyecto de ley, el fundador del PKK, actualmente encarcelado, describió la Ley Marco como “la clave” para iniciar la siguiente etapa del proceso de paz y el comienzo de un proceso de democratización más amplio, en lugar de su conclusión. La ley también autoriza a la junta de implementación del gobierno a recomendar reformas judiciales, administrativas y legislativas adicionales, lo que sugiere que podrían presentarse otros paquetes legales si el proceso avanza.
*Publicado en The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina