Por Rojbin Deniz* – Durante más de un siglo, el pueblo kurdo ha sido objeto de políticas de negación. Por lo tanto, para ese pueblo, una paz democrática y duradera no significa simplemente silenciar la voz de las armas, sino también garantizar la igualdad de ciudadanía, poner fin a las políticas de negación de identidad e idioma, abrir el camino a la actividad política democrática y reconstruir los cimientos de la coexistencia. Desde esta perspectiva, los debates en curso sobre la resolución del problema kurdo no deben considerarse únicamente como una cuestión de seguridad, sino como un punto de inflexión histórico directamente vinculado al camino de la transformación democrática en Turquía.
En este contexto, el llamamiento a la “Paz y Sociedad Democrática”, lanzado por el líder Abdullah Öcalan el 27 de febrero de 2025, constituyó un punto de partida para una nueva etapa. Este llamamiento, en lugar de basarse en la continuación del conflicto, introdujo una nueva visión de resolución fundamentada en la política democrática y la integración democrática. De este modo, buscaba transitar del ámbito político, dominado durante mucho tiempo por las confrontaciones armadas, a un nuevo espacio de debate basado en la búsqueda de soluciones legales y democráticas.
Los procesos de paz no se miden por declaraciones de intenciones, sino por las medidas prácticas adoptadas por las partes involucradas. Desde esta perspectiva, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) ha dado pasos importantes al asumir una mayor responsabilidad. En un momento en que Medio Oriente se desliza hacia nuevas zonas de conflicto, presencia rápidos cambios en el equilibrio de poder regional y enfrenta una creciente probabilidad de guerra, se ha demostrado la voluntad de alcanzar la paz a pesar de los riesgos significativos. Esto no debe considerarse simplemente una decisión organizativa, sino también una elección estratégica que atañe al futuro compartido de los pueblos kurdo y turco.
De la lucha armada a la solución democrática
Uno de los hitos más cruciales de este proceso fue el anuncio del PKK el 12 de mayo de 2025, tras su duodécimo congreso, de la disolución de su estructura organizativa. El comunicado también anunciaba el fin de la estrategia de lucha armada. El 11 de julio de 2025, un grupo de treinta combatientes, liderados por Bese Hozat, copresidenta del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), destruyeron sus armas en una ceremonia con la presencia de la comunidad internacional: un gesto simbólico que representó una declaración ante el mundo de la preferencia por la solución política sobre la guerra. Posteriormente, se llevaron a cabo operaciones de retirada de diversas regiones (del Kurdistán turco), entre otras medidas destinadas a reducir el riesgo de enfrentamientos.
El hecho de que un movimiento que había librado una lucha armada durante casi medio siglo, en una fase de escalada de guerras regionales, tomara tales decisiones no puede considerarse ordinario. Si no hubiera existido una voluntad genuina de avanzar hacia una solución democrática, no habrían sido posibles decisiones que implicaran este grado de riesgo estratégico. Por lo tanto, la evaluación de este proceso debe basarse en las medidas realmente implementadas, no en los debates suscitados en torno a ellas.
Sin embargo, el proceso ha recibido críticas de diversos partidos políticos. Algunos partidos que abogan por la continuación de la lucha armada del PKK, junto con círculos nacionalistas kurdos de orientación tradicional afines al Partido Democrático de Kurdistán (PDK), han considerado el discurso de paz como un mero intento de reconfigurar el equilibrio de poder político o una maniobra táctica. No obstante, este enfoque reproduce una visión política que condiciona la resolución del problema kurdo a la continuación del conflicto y considera inevitable un mayor número de víctimas.
Por el contrario, la continuación de la guerra en las circunstancias actuales en Medio Oriente conlleva el potencial de consecuencias humanitarias y políticas aún más graves, no solo para los kurdos, sino para todos los pueblos de la región. La existencia de actores externos que buscan mantener a los kurdos en el centro de los conflictos de influencia regional para preservar sus intereses estratégicos no altera esta realidad. Por lo tanto, reducir las iniciativas de paz a meras maniobras tácticas implica ignorar las transformaciones políticas que está experimentando la región, así como pasar por alto el cambio estratégico desarrollado por el Movimiento de Liberación Kurdo en los últimos años.
Equilibrios regionales y el camino hacia la resolución
En este contexto específico, la teoría de la “Sociedad Democrática” desarrollada por Abdullah Öcalan a lo largo de muchos años, adquiere especial relevancia. La lucha por la libertad nunca se redujo a una sola forma de lucha. A medida que cambiaban las condiciones históricas, se reformularon los métodos organizativos, los objetivos políticos y las estrategias de confrontación. En distintas etapas, el movimiento logró adaptarse a las circunstancias cambiantes, priorizando en ocasiones la lucha armada, en otras la política democrática y en otras más la organización comunitaria. Desde esta perspectiva, la transformación actual no debe considerarse una ruptura con el pasado, sino una nueva fase a la que ha llegado la lucha tras aprender de sus experiencias históricas.
Sin embargo, no debe pasarse por alto que, hasta el momento, el proceso se ha desarrollado principalmente desde una sola dirección. Si bien el PKK ha actuado de forma pública y concreta, el enfoque del Estado hacia el proceso se ha caracterizado por una mayor cautela y fragmentación, influenciado en gran medida por los acontecimientos regionales. Las políticas de seguridad turcas, las prioridades de su política exterior y los cambios en el equilibrio de poder en Medio Oriente han dificultado, en ocasiones, el avance democrático del proceso.
Los acontecimientos en Rojava (Kurdistán sirio), los esfuerzos por forjar alianzas regionales y las transformaciones en la política exterior turca han convertido los debates sobre la resolución del conflicto en parte integral no solo de la política interna, sino también del equilibrio de poder regional. Por lo tanto, interpretar el proceso actual únicamente como un asunto interno turco sería una interpretación incompleta. La resolución democrática del conflicto kurdo representa, a su vez, un asunto estratégico que podría afectar el futuro de Medio Oriente.
No obstante, la continuidad del proceso y su imposibilidad de colapsar por completo siguen siendo dignas de mención. A pesar de las tensiones vividas, la posibilidad del diálogo no ha desaparecido y, por primera vez, se han iniciado conversaciones para trasladar los esfuerzos de resolución a un marco jurídico. Si bien esta situación no implica necesariamente el logro de una paz duradera, debe considerarse un hito importante tras años de conflicto.
El potencial y los límites de la Ley Marco
En este punto específico, se hace evidente la importancia del proyecto de Ley Marco presentado al Parlamento. Si bien el proyecto, en cuanto a su alcance y contenido, no constituye un texto que abarque plenamente los aspectos esenciales para la resolución del conflicto kurdo, representa un paso fundamental, ya que permite, por primera vez, debatir la solución democrática dentro de un marco jurídico. Por lo tanto, esta ley debe evaluarse no solo por sus disposiciones actuales, sino también por su potencial de desarrollo y ampliación.
Sin duda, lograr la paz con garantías jurídicas no puede conseguirse únicamente mediante un marco legal limitado. Una solución duradera requiere el respaldo de garantías constitucionales, la expansión de la política democrática y acuerdos institucionales que fortalezcan la confianza mutua. De lo contrario, las medidas adoptadas no serán suficientes para construir una paz social sostenible. En este contexto, uno de los temas más importantes es la reconsideración de las condiciones del Abdullah Öcalan —a quien los kurdos consideran el principal negociador— de una manera acorde con un proceso de negociación democrático, junto con el avance de los debates jurídicos sobre el “derecho a la esperanza”. La implementación de la estrategia de integración democrática no depende solo de la voluntad política, sino que también requiere el respaldo de dicha voluntad con garantías jurídicas.
Paralelamente, el reconocimiento del estatus constitucional de los kurdos, la garantía de la igualdad de ciudadanía, el pleno reconocimiento de la lengua materna y los derechos culturales, el fortalecimiento de las administraciones locales sobre bases democráticas y la eliminación del nombramiento de administradores municipales, son elementos esenciales de la solución democrática. Estas cuestiones no deben tratarse como temas de negociación política, sino como requisitos inherentes a un Estado de derecho democrático.
De igual modo, la participación de las mujeres como actores esenciales en la construcción de la paz y la democracia, la mitigación del daño ambiental causado por las guerras y el establecimiento de mecanismos de participación democrática que incluyan a todos los sectores de la sociedad, constituyen elementos indispensables para lograr una paz duradera. La paz no adquiere sentido simplemente al poner fin a un conflicto armado, sino al alcanzar una transformación democrática que abarque diversas áreas de la vida social.
La hoja de ruta para una paz duradera
El éxito de la nueva fase está directamente vinculado al grado de expansión del ámbito de la política democrática. Garantizar la libertad de prensa y de expresión, reconsiderar la legislación que restringe los derechos y libertades fundamentales —principalmente la Ley Antiterrorista— de acuerdo con los principios de un Estado de derecho democrático, así como proporcionar las condiciones que permitan a la sociedad civil organizarse libremente y asegurar la participación efectiva de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, serán algunos de los indicadores más destacados de la transformación democrática.
En definitiva, el marco legal que se debate actualmente no basta por sí solo para resolver la cuestión kurda. Sin embargo, tiene una importancia histórica, ya que permite, por primera vez en muchos años, debatir una solución democrática dentro de un marco jurídico. La siguiente fase dependerá de la capacidad y la voluntad de transformar este terreno en un programa de paz integral basado en la igualdad de ciudadanía, las garantías constitucionales, la política democrática y el consenso social.
La paz duradera no se logra simplemente silenciando las armas. Se vuelve sostenible a través de un sistema democrático donde la justicia está arraigada, los derechos están garantizados y las diferentes identidades tienen la oportunidad de construir una vida compartida sobre la base de la igualdad de ciudadanía. Además, la resolución del problema kurdo, abordada desde esta perspectiva, puede contribuir no solo a la democratización de Turquía, sino también a la construcción de un futuro más estable y pacífico en Medio Oriente.
*Publicado en JINHA / Traducción y edición: Kurdistán América Latina