Por Khalid Barkat* – Chinar, de 23 años de edad, permanece en silencio ante el monumento conocido como la Tumba de las Madres, donde casi noventa mujeres yazidíes fueron asesinadas por el ISIS. Ya había estado aquí doce años atrás, cuando tenía solo 10, y vio cómo separaban a ancianas del resto del grupo. Sabe que sus hermanos y hermanas fueron asesinados en algún lugar de este lugar. Mirando el monumento, me dice en voz baja: “La tumba es lo más difícil para nosotros”. El monumento le ofrece un lugar para rezar y llorar a sus seres queridos. Pero no le da respuestas a Chinar.
Doce años después del genocidio del 3 de agosto de 2014, la pregunta ya no es si el mundo recuerda el genocidio yazidí, sino qué sucedió con todo lo que se prometió tras su reconocimiento.
“Nuestro equipo de traumatología está desbordado”
Durante mi visita a Duhok, hablé con Karzan Jasim Mohammed, psicoterapeuta de la Fundación Jiyan, quien lleva años tratando a supervivientes yazidíes que viven en campos de desplazados en la región del Kurdistán iraquí (Bashur). Su evaluación no deja lugar a dudas. “Nuestro equipo de atención de trauma está desbordado -me comenta-. Seguimos viendo a supervivientes que luchan contra la depresión severa, el trauma y los pensamientos suicidas.
El 17 de septiembre de 2024, la ONU disolvió abruptamente UNITAD (Equipo de Investigación de las Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Daesh/ISIS), el equipo que había estado recopilando pruebas para enjuiciar a combatientes del ISIS por genocidio desde 2017. Además, recogió miles de testimonios de testigos y pruebas forenses de decenas de fosas comunes. No estaba claro si los tribunales de otros países seguirían teniendo acceso a esas pruebas.
Cuatro meses después, en enero de 2025, Estados Unidos suspendió su financiación de la USAID, que representaba aproximadamente el 42% de la financiación humanitaria mundial. Según la Asociación Internacional de Abogados (IBA), para Shengal (Sinjar) esto significó no un retraso, sino la interrupción abrupta del suministro de agua y electricidad a las comunidades yazidíes. Esa misma financiación había apoyado durante años los servicios de salud mental de la OIM en Shengal, así como la rehabilitación de viviendas, la asistencia jurídica y los programas de las ONG destinados a la reconstrucción de Shengal. A principios de este año, la OIM informó que más de 200 mil yazidíes siguen desplazados.
Pari Ibrahim, creadora de la Fundación Free, que proporciona apoyo psicosocial en los campamentos de Sharya, Khanke y Sheikhan, en la región del Kurdistán iraquí, se hizo eco de la misma preocupación cuando hablé con ella: la necesidad de apoyo psicosocial a largo plazo sigue siendo inmensa, mientras que la financiación internacional que sustenta esos servicios está desapareciendo progresivamente.
Voces de Shengal
Nadia Murad lo afirmó dos años después del ataque, en una entrevista con Time en la que describió a los seis hermanos y la madre que perdió, así como a las ciento cincuenta niñas con las que fue llevada a Mosul. Para entonces, ya había visitado diecisiete países como activista. Según ella, los gobiernos y las autoridades mostraron su apoyo, pero no se tomaron medidas, ni contra el ISIS, ni a través de la Corte Penal Internacional (CPI), ni en favor de los refugiados yazidíes. Esa cita tiene ya diez años. Aún resuena con vigencia, lo que en sí mismo nos lleva a preguntarnos si se ha hecho lo suficiente.
Cuando pregunté a los supervivientes qué había cambiado desde el genocidio, muchos no empezaron hablando de reconocimiento. Hablaron de promesas que nunca se habían materializado.
Haydar es comandante de la Fuerza de Protección de Ezidkhan. Lo conocí en Shengal. Cuando le pregunté qué había cambiado, habló de las promesas que seguían sin cumplirse, más que del reconocimiento o las resoluciones internacionales.
Una de esas promesas incumplidas es el Acuerdo de Shengal. En octubre de 2020, Bagdad y Erbil (capital de Bashur) firmaron un acuerdo para expulsar a los grupos armados de la zona, establecer una fuerza de seguridad local de dos mil quinientos efectivos de la comunidad yazidí y financiar la reconstrucción. Cinco años después, dicha fuerza de seguridad aún no existe. Haydar ha declarado que no ha visto ningún avance en la formación de la fuerza de seguridad prometida.
En 2024, el Departamento de Estado norteamericano pidió públicamente la “implementación completa” de un acuerdo que para entonces ya tenía tres años. A principios de 2026, el primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí repitió la misma exigencia a Bagdad.
Haydar volvió al mismo punto varias veces durante nuestra conversación: “Una promesa que se repite sin cumplirse jamás, en la práctica, deja de ser una promesa. Se convierte en un ritual”.
Se han emprendido numerosas iniciativas, como el Acuerdo de Shengal, la Ley de Supervivientes Yazidíes de 2021, UNITAD, la ayuda humanitaria a través de la OIM y la USAID, monumentos conmemorativos y procesos judiciales en toda Europa. Sin embargo, rara vez se han llevado a cabo para lograr los cambios necesarios y prometidos. Lo ocurrido en Shengal desde 2014 no es un caso de inacción. Es un caso de inicio, implementación parcial y posterior abandono de la atención, la financiación y la voluntad política en el momento en que se da el primer paso simbólico, se firma un documento, se aprueba una votación parlamentaria o se inaugura un monumento. Justo cuando debería comenzar la implementación real, las fuerzas de seguridad, el tribunal, las exhumaciones, la financiación y todas las demás promesas se quedan en silencio.
Sufyan, de 21 años, regresó a su aldea de Solagh en 2018. Tuvo que dejar la escuela para mantenerse y, como muchos jóvenes yazidíes, intentaba reconstruir su vida en un lugar donde casi todo había desaparecido. Mientras contemplábamos las ruinas de Shengal, reflexionó sobre su regreso a casa: “Cuando volví con mi familia, casi no quedaba nadie. Solo estaban los huesos de mi madre y mis parientes, y la casa donde se suponía que iba a crecer había sido destruida por el ISIS. Caí en una profunda depresión y perdí toda esperanza”. Dijo que había intentado suicidarse cuatro veces.
Describió lo difícil que era imaginar un futuro cuando gran parte del pasado permanecía sin resolver. Incluso años después de su regreso, la vida cotidiana sigue marcada por la pérdida, la incertidumbre y la ausencia de quienes nunca volvieron a casa. Explicó que cada fosa común sin abrir y cada familiar desaparecido sin identificar dificultaba aún más que los supervivientes pudieran seguir adelante.
La historia de Sufyan es una realidad compartida por miles de familias yazidíes. Para muchos, el duelo permanece latente porque muchos familiares nunca han sido recuperados ni identificados. Si bien se han documentado noventa y cinco fosas comunes en el distrito de Shengal, solo sesenta y ocho han sido exhumadas. En dichas excavaciones se han recuperado alrededor de ochocientos cincuenta conjuntos de restos, pero solo noventa y seis víctimas han sido identificadas formalmente. Veintisiete fosas comunes permanecen intactas, tal como quedaron en 2014. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 2560 yazidíes seguían desaparecidos en julio de 2025.
Para supervivientes como Sufyan no se trata solo de estadísticas. Cada cadáver sin identificar y cada tumba sin abrir, significa otra familia esperando respuestas.
Justicia en el papel, justicia que vacila
Le pregunté a Natia Navrouzov, de la fundación Yazda, si las recientes condenas de miembros del ISIS habían cambiado algo para los supervivientes yazidíes. “Ha habido avances”, me respondió.
Alemania ha logrado diez condenas, cuatro de ellas por genocidio. Suecia y Francia también han procesado a perpetradores del ISIS por crímenes de genocidio. Actualmente hay un caso penal en curso en Australia, y varios otros países continúan investigando y procesando a miembros del ISIS por crímenes cometidos contra la comunidad yazidí. Sin embargo, en comparación con la magnitud de los crímenes cometidos contra el pueblo yazidí, estos son solo los primeros pasos en un largo camino hacia la justicia.
Natia recordó un momento en particular que se le quedó grabado: “Presenciamos en directo uno de los veredictos holandeses junto a los supervivientes en nuestras oficinas de Duhok y Shengal. Ver cómo un tribunal reconocía oficialmente lo que les había sucedido significó mucho para nosotros. Nos recordó por qué este trabajo es importante”.
Pero cuando le pregunté si eso significaba que finalmente se había hecho justicia, su respuesta se tornó más cautelosa. Esa preocupación no ha hecho más que aumentar desde el cierre de la UNITAD. Cuando finalizó el mandato de la UNITAD, surgió la incertidumbre sobre cómo se mantendría el acceso a esas pruebas para futuros casos penales.
Para muchos supervivientes, la justicia se ha convertido, por tanto, en una paradoja. Las condenas han demostrado que la rendición de cuentas es posible. Sin embargo, la institución que reunió gran parte de las pruebas que sustentaron esos procesamientos ya no existe.
De vuelta a Solagh
Al salir de la Tumba de las Madres, Chinar permanece de pie junto al monumento. Reza por los familiares cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. Por eso la memoria sigue siendo importante, y por eso, en este momento, la palabra debe tener un significado más profundo que el de una ceremonia anual el 3 de agosto.
Los hechos son de sobra conocidos: están documentados en sentencias judiciales, informes de la ONU y reconocimientos parlamentarios. Lo que realmente sucedió es más sutil e incómodo. Hemos recordado lo ocurrido, al tiempo que desmantelábamos los instrumentos que podrían haber abordado sus consecuencias.
No está claro si el reconocimiento va seguido de una obligación, si el “nunca más” significa algo más que una frase pronunciada en un homenaje y luego olvidada una vez que las cámaras se van.
*Publicado en The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina