Tras el colapso del régimen de Bashar al Asad el 8 de diciembre de 2024, el nuevo panorama político surgido en Siria evolucionó rápidamente hacia un proceso marcado no por una transición democrática, sino por la profundización del conflicto, la expansión de la intervención externa y un renovado impulso hacia un poder centralizado. A lo largo de 2025, masacres sucesivas, acuerdos frágiles, imposiciones constitucionales y altos el fuego violados de forma reiterada demostraron que una solución basada en la representación igualitaria de los pueblos de Siria es lejana.
Durante este periodo, las masacres dirigidas contra los alauíes árabes en las zonas costeras, el destino del acuerdo firmado el 10 de marzo de 2025 entre el norte y el este de Siria y la administración de Damasco, así como la intensificación de la presión militar y política sobre la Administración Autónoma (AADNES), emergieron como líneas de fractura críticas que darán forma al futuro del país.
Masacres en las ciudades costeras
Grupos mercenarios armados afiliados al gobierno de transición de Siria llevaron a cabo ataques a gran escala contra la comunidad alauí entre el 6 y el 10 de marzo de 2025, con incursiones en Latakia, Jableh, Daliyah, Qardaha, Tartus, Baniyas y Hama. Según fuentes locales y organizaciones de derechos humanos, los ataques involucraron facciones mercenarias respaldadas por el Estado turco, incluidas la División Sultán Suleiman Shah (Abu Amsha) y la División Hamza, así como elementos yihadistas extranjeros que operan dentro de Hayat Tahrir al Sham (HTS). Miles de civiles fueron asesinados, y numerosas zonas residenciales fueron incendiadas y destruidas.
Las masacres en la costa expusieron de forma contundente la fragilidad de las expectativas de seguridad y paz social tras el cambio de régimen, al tiempo que contrastaron con las negociaciones políticas que tenían lugar en el mismo periodo.
El acuerdo del 10 de marzo
Mientras continuaban las masacres, el 10 de marzo de 2025 se firmó en Damasco un acuerdo de ocho puntos, bajo mediación de Estados Unidos, entre el jefe del gobierno de transición de Siria, Ahmed al Sharaa (Mohammed al Jolani), y Mazloum Abdi, comandante general de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). El acuerdo abordaba garantías de participación política, el reconocimiento de los derechos constitucionales de todos los componentes, la declaración de un alto el fuego, la integración institucional de las FDS, la disolución de los grupos armados, el retorno de las personas desplazadas y el establecimiento de la paz social. También llamaba explícitamente a prevenir masacres contra la comunidad alauí.
Considerado uno de los pasos políticos más significativos desde la caída del régimen de Asad, el acuerdo fue acogido favorablemente por actores internacionales. Estipulaba que los comités de implementación comenzarían su labor “antes de que finalizara el año”. Sin embargo, en poco tiempo surgieron violaciones reiteradas, tanto sobre el terreno como a nivel político.
El acuerdo también provocó un cambio en la retórica de Turquía. Mientras continuaba exigiendo la disolución de las FDS y el desmantelamiento total de la Administración Autónoma (del Norte y el Este de Siria, AADNES), al mismo tiempo comenzó a insistir en que las FDS cumplieran el acuerdo del 10 de marzo y entraran en el proceso de integración (al ejército sirio).
Un proyecto constitucional controvertido
Tres días después del denominado “Acuerdo del 10 de marzo”, la administración de Damasco presentó un borrador constitucional provisional el 13 de marzo. Al mismo tiempo, una delegación de Ankara compuesta por el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, el ministro de Defensa, Yaşar Güler, y el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalın, se encontraba en Damasco, donde también se presentó un borrador separado. Sin embargo, el texto anunciado no hacía ninguna referencia al Acuerdo del 10 de marzo, ignorando de facto su existencia.
El borrador suscitó fuertes críticas de un amplio abanico de actores políticos y sociales, en particular de los kurdos, por mantener la denominación “República Árabe Siria”, definir la religión del presidente como el islam e identificar la ley islámica como fuente principal de la legislación. Los críticos subrayaron que este enfoque reproduce una mentalidad centralista y excluyente similar a la de la era de Asad.
Proceso de diálogo y comisiones conjuntas
El primer contacto oficial tras el acuerdo tuvo lugar el 19 de marzo. En una reunión celebrada el 12 de abril en Hasakah (Hesekê), representantes de la administración de Damasco y del mando de las FDS acordaron establecer una comisión conjunta de trabajo para supervisar la implementación del Acuerdo del 10 de marzo. La comisión se formó con figuras representativas de los diversos pueblos y comunidades de fe del norte y el este de Siria.
Este proceso, sin embargo, se vio interrumpido de forma reiterada por desarrollos militares sobre el terreno.
El acuerdo de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh en Alepo
El 1 de abril se firmó un acuerdo de catorce puntos relativo a los barrios de Sheikh Maqsoud (Şêxmeqsûd) y Ashrafieh (Eşrefiyê) en Alepo. El acuerdo estipulaba que la seguridad estaría garantizada por las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI, vinculadas a las FDS) e incluía disposiciones para un intercambio de prisioneros, llevado a cabo en dos fases en abril y junio.
Las YPG (Unidades de Protección del Pueblo) y las YPJ (Unidades de Protección de las Mujeres) traspasaron oficialmente la responsabilidad militar en los barrios a las Fuerzas de Seguridad Interna. Sin embargo, las violaciones del acuerdo por parte de la administración de Damasco y la acumulación de fuerzas militares en la zona volvieron a poner de manifiesto la fragilidad del proceso.
La presa de Tishrin y la tensión estratégica
El 12 de abril se alcanzó un acuerdo sobre la gestión conjunta de la presa de Tishrin entre las FDS y la administración de Damasco. Pese a ello, en los meses siguientes la presa y sus alrededores fueron atacados con armas pesadas, hechos que las FDS calificaron como violaciones del alto el fuego.
2026: un nuevo comienzo
En esta etapa, Siria atraviesa un proceso de transición que no ha experimentado una verdadera transformación de mentalidad, pese al cambio de régimen. El Acuerdo del 10 de marzo había ofrecido una oportunidad histórica para una Siria inclusiva y pluralista, pero la insistencia de la administración de Damasco en un enfoque monolítico, las violaciones militares sobre el terreno y las intervenciones contradictorias de actores externos han debilitado de forma continua esa oportunidad.
El periodo que se avecina determinará si Siria avanza hacia una estructura democrática y descentralizada o hacia una reconfiguración centralizada que suprima la diversidad. El año 2026 podría marcar el umbral de un nuevo comienzo para el futuro compartido de los pueblos de Siria.
FUENTE: Daxistan Roza / ANF / Edición: Kurdistán América Latina