Por Ibai Azparren* – El primer texto legislativo que nace de las negociaciones entre el Estado turco y Abdullah Öcalan y el PKK (Partido de los TRabajadores de Kurdistán) da un nuevo impulso al proceso de paz abierto en torno a la cuestión kurda. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan registró el miércoles en la Gran Asamblea Nacional (GAN) de Turquía un proyecto de ley que suspende entre cinco y diez años las causas, los juicios y la ejecución de condenas contra combatientes de la organización. Antes, el Consejo de Seguridad Nacional deberá certificar que el PKK ha entregado las armas y se ha disuelto. Pero hay excepciones, y una de ellas excluye precisamente la libertad del histórico líder kurdo.
Fundado por Öcalan en 1978, el PKK libró desde 1984 una guerra contra el Estado turco por la liberación nacional de Kurdistán que dejó más de 40.000 muertos. Ankara ilegalizó durante las décadas siguientes a varias formaciones políticas kurdas por sus supuestos vínculos con la guerrilla, y ha ido encarcelando a miles de militantes y cargos electos desde entonces.
Las negociaciones que desembocan en esta ley arrancaron en secreto en 2024, y en febrero de 2025 Öcalan lanzó un llamamiento a la paz que llevó al PKK a decidir su disolución y el fin de la lucha armada en su congreso de mayo, sellado en julio con una quema simbólica de armas en las montañas Qandil.
El denominado Proceso de Paz y Sociedad Democrática cuenta ahora con un proyecto de ley marco, fruto de más de dos años de negociaciones desarrolladas entre la prisión de Imrali -donde Öcalan se encuentra preso desde 1999-, y las montañas kurdas, según ha podido saber Gara de fuentes conocedoras del proceso.
Es la primera vez que ese diálogo directo cristaliza en un texto registrado en el Parlamento, después de que procesos anteriores como los de 2008 y 2012 descarrilaran. El líder kurdo llevaba meses reclamando a Ankara “leyes de paz” que respondieran a los pasos ya dados por la parte kurda, ya que los movimientos de Erdogan se habían limitado a la creación de una comisión parlamentaria para seguir el proceso de paz.
El presidente turco defiende que la ley busca “liberar permanentemente a Turquía de la amenaza terrorista” y reforzar “el clima de paz”, mientras Öcalan la presenta como “el primer paso para resolver un problema histórico” y pide paciencia porque “no todo se ha resuelto todavía”. “Un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso”, señaló en un mensaje difundido a través del Partido DEM, tercera fuerza en el Parlamento turco y de tendencia prokurda.
Qué cubre y qué excluye
El texto no plantea una amnistía general. Se trata más bien de un mecanismo condicionado que se aplica caso por caso. Así, pretende establecer un marco jurídico para suspender entre cinco y diez años las causas y las penas de quienes hayan incurrido en “ser miembro” del PKK, “ayudar a la organización consciente y voluntariamente”, “difundir propaganda de la misma” o financiarla.
No obstante, el proyecto de ley excluye “el delito de homicidio doloso cometido en el marco de la actividad de la organización”, “atentados con explosivos que hayan causado muertes”, y los delitos anteriores al 1 de junio de 2005 castigados con “cadena perpetua o cadena perpetua agravada”. El texto deja además fuera, de forma expresa, a Öcalan y a otros altos dirigentes del PKK.
Regreso a Kurdistán
Uno de los objetivos centrales de la ley es facilitar el regreso de los combatientes refugiados en el norte de Irak. El procedimiento contempla la entrega voluntaria, una evaluación de seguridad y la reintegración bajo supervisión del Estado, que determinará antes si la persona participó en homicidios u otros delitos graves.
Según fuentes del proceso, se prevén apoyos porque es el primer paso que da el gobierno tras meses de inacción, pero quedan cuestiones sin cerrar. No están definidos la duración de la supervisión judicial, quién puede acogerse a la ley ni cómo distinguirán los fiscales la simple pertenencia de la participación en delitos violentos. Su aplicación dependerá primero de que el gobierno de por efectivo el desarme y luego de los tribunales, lo que anticipa dificultades.
Queda pendiente además qué ocurrirá con los militantes a los que la ley no alcanza, un grupo que rondaría las 300 personas presas en Turquía, y entre 300 y 500 fuera del país.
El texto llega a la Comisión de Justicia antes de pasar al pleno, avalado por 360 de los 600 diputados, con el respaldo de los gobernantes AKP y MHP y del DEM. Para sus dirigentes es un primer paso, aunque fuentes citadas por Al Monitor advierten de que mucho depende de Erdogan y su instinto de autopreservación.
*Publicado en Gara