El Informe Türkiye 2024, elaborado anualmente por la Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), se publicó el 30 de octubre pasado. El informe fue anunciado en una rueda de prensa celebrada en Bruselas por el alto representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, y el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi.
En la introducción se afirma que “las negociaciones de adhesión con Turquía están estancadas desde 2018, en consonancia con las decisiones del Consejo de la UE. Las serias preocupaciones de la UE por el actual deterioro de los estándares democráticos, el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial y el respeto de los derechos fundamentales no están resueltos”.
Bajo el título “Democracia”, en el informe se critica el sistema presidencial en Turquía. Se señala que el sistema presidencial está libre de mecanismos de equilibrio y control, se remarca que “si bien la mayoría de las instituciones supervisoras del país continúan reportando directamente a la Presidencia, la administración pública está altamente politizada”.
Los crímenes contra los kurdos continúan
En el informe se hacen críticas bajo el título “Ley y derechos fundamentales” y se enfatiza que “no se ha logrado ningún progreso en las cuestiones clave identificadas en informes anteriores y persisten serias preocupaciones”.
Los puntos destacables del Informe Türkiye 2024 elaborado por la Comisión Europea son los siguientes:
-El pluralismo político sigue sufriendo. Porque “aproximadamente 8000 miembros y funcionarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) se encuentran actualmente en prisión”. En enero de 2024, el Tribunal Supremo se opuso a dos decisiones del Tribunal Constitucional y decidió poner en libertad a uno de los acusados detenidos en el caso Gezi, que fue elegido miembro del Parlamento. En mayo de 2024, varios ex diputados del HDP y dos ex copresidentes del partido fueron condenados a largas penas de prisión a pesar del fallo del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) a favor de su liberación inmediata. El caso de cierre del HDP por cargos de terrorismo, que incluye la prohibición de la vida política a 451 miembros del partido, está pendiente ante el Tribunal Constitucional.
-La región sureste de Turquía es motivo de preocupación debido a los efectos continuos de los terremotos de febrero de 2023.
-No hay avances hacia el reinicio de un proceso de paz creíble sobre la cuestión kurda.
-Se denuncian violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Continúan los crímenes de odio y los discursos de odio contra los kurdos. No se acepta ninguna solicitud judicial o administrativa relativa a casos de derechos de propiedad en el distrito Sur de Diyarbakır.
-Los gobernadores provinciales del este y sureste imponen prohibiciones generales arbitrarias de reuniones y eventos, incluso antes de las elecciones locales de marzo de 2024.
Represión contra periodistas, medios y la oposición kurda
Las interpretaciones amplias del terrorismo y las presiones judiciales y administrativas sobre periodistas, disidentes políticos, colegios de abogados y defensores de los derechos humanos que trabajan en la cuestión kurda siguen suscitando preocupación.
Los medios de comunicación en lengua kurda y las instituciones de derechos culturales permanecen cerrados desde 2016.
En el caso Kobane, en mayo de 2024, el tribunal condenó a prisión a 24 políticos kurdos del HDP por presuntamente cometer crímenes contra el Estado. En un caso separado, la causa judicial para el cierre del HDP continúa en el Tribunal Constitucional. El ex copresidente del HDP, Selahattin Demirtaş, sigue en prisión a pesar de dos decisiones del TEDH que piden su liberación inmediata. En junio de 2024, Europa demandó a las autoridades turcas que tomen todas las medidas necesarias para garantizar su liberación inmediata.
Se informó de un gran número de nuevas detenciones por cargos relacionados con el terrorismo contra miembros del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), alcaldes y otros representantes del DEM.
En el caso relativo al asesinato del entonces presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakır, Tahir Elçi, en 2015, el tribunal decidió absolver a los tres policías acusados en junio de 2024 por falta de pruebas.
Durante las elecciones locales de marzo de 2024, hubo acusaciones de que se desplegaron fuerzas de seguridad estratégicamente en la región sureste para influir en los resultados de la votación.
Los alcaldes que fueron destituidos y reemplazados por síndicos en las dos últimas elecciones locales permanecieron en prisión o en el extranjero. Las “recomendaciones para Türkiye” del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, de marzo de 2022, aún no se han implementado.
Continuó el litigio en relación con proyectos de construcción financiados por el gobierno en sitios del patrimonio cultural, histórico y religioso dañados durante operaciones militares y de seguridad en 2015 y 2016.
No existía un enfoque integral para encontrar personas desaparecidas, exhumar fosas comunes o investigar de forma independiente ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad.
Casi todos los casos relacionados con desapariciones forzadas en la década de 1990 fueron desestimados por prescripción, y sólo dos casos están en curso.
Delitos contra el público
El sistema de guardias de aldea que se aplica en Turquía -una fuerza paramilitar que apoya a las fuerzas de seguridad-, sigue impidiendo el regreso de los pobladores desplazados y constituye un obstáculo para una solución política a la cuestión kurda. Algunos guardias de aldea están denunciados por violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza contra la población kurda.
En el apartado del derecho a la vida del informe, bajo el epígrafe de “derechos fundamentales”, destaca que el Estado turco no toma medidas para mejorar la situación del derecho a la vida y eliminar la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Además, continúan produciéndose torturas y/o malos tratos en centros de detención, prisiones, lugares de detención no oficiales, centros de expulsión y vehículos de transporte, y durante manifestaciones. También existe el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. En un número limitado de casos se adoptaron medidas administrativas contra los agentes acusados. A su vez, el PES-AC no cumple con los requisitos esenciales del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y no aborda eficazmente los casos que se le remiten.
En el informe se manifiesta: “Se anima a Turquía a permitir la publicación de todos los informes pendientes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y a introducir un procedimiento de publicación automática para dichos informes”.
Reacción al aislamiento en Imrali
Con el título “Aplicación de sanciones penales”, esa parte del informe llama la atención sobre las prácticas de tortura de los guardias, las prácticas arbitrarias de las juntas de observación penitenciaria, el aislamiento de los presos y las presas, y el aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan.
Al respecto, en el informe se asegura: “Se siguieron recibiendo denuncias de violaciones de derechos humanos, agravadas por la impunidad generalizada de los funcionarios penitenciarios. También suscita preocupación el trato diferenciado de los presos políticos en relación con el régimen de ejecución. Las juntas de administración y supervisión penitenciarias tienden a retrasar arbitrariamente la libertad condicional de los presos. La presión judicial y contra la libertad de expresión se sigue utilizando ampliamente, incluso en procesos penales, ya que los acusados son cada vez más recluidos en prisiones o centros de detención muy alejados del lugar donde supuestamente se cometió el delito, lo que tensa los vínculos familiares, un problema tan compartido Las actividades siguen siendo limitadas y arbitrarias. Al líder del PKK, Öcalan, y a otros tres prisioneros en la prisión de İmralı se les ha impedido reunirse con sus abogados y familiares durante los últimos 43 meses”.
Presión sobre los kurdos
Las presiones sobre los y las kurdas también se incluyeron en el Informe Türkiye 2024: “En las escuelas públicas se ofrecen cursos optativos de kurdo y circasiano, pero la exigencia de al menos 10 estudiantes para estos cursos y el número insuficiente de profesores designados siguen siendo obstáculos. En la región sureste, los alcaldes designados por el Estado (interventores) han comenzado a cambiar el original nombres de calles y centros culturales y prohibir las actividades culturales en kurdo”.
A esta situación hay que sumar, según el informe: “Muchos conciertos, festivales y eventos culturales han sido prohibidos por las gobernaciones y municipios por motivos de ‘seguridad y orden público’, y las instituciones culturales y lingüísticas kurdas, organizaciones de medios y muchos lugares artísticos han permanecido en su mayoría cerrados desde 2016”.
País de tránsito en el comercio de drogas
El informe señala que Turquía es un país de tránsito en el tráfico de drogas y dice que “sigue siendo una ruta de tránsito para las drogas entre Asia y Europa. Es necesario fortalecer el intercambio de información y la cooperación con los socios encargados de hacer cumplir la ley de la UE, especialmente en lo que respecta a la heroína”.
Recomendaciones de la Comisión Europea
Al referirse al hecho de que las recomendaciones que se enviaron el año anterior no fueron implementadas por el Estado turco, la Comisión Europea hizo las siguientes recomendaciones, señalando que seguían siendo válidas:
-Crear un entorno político y jurídico acorde con las normas europeas, que permita al Poder Judicial desempeñar sus funciones de forma independiente e imparcial, reforzar la separación de poderes y garantizar que los tribunales inferiores respeten las decisiones del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones deben estar en consonancia con las jurisprudencia del TEDH.
-Cambiar la estructura del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) y el proceso de selección de sus miembros para limitar el papel y la influencia del Ejecutivo e introducir salvaguardias contra la interferencia del HSK o de altos funcionarios en los procesos judiciales.
-Debe garantizar que todos los procedimientos judiciales respeten los derechos fundamentales, incluidos, en particular, los derechos de las víctimas de delitos y los derechos procesales de los sospechosos y acusados en los procesos penales, y debe salvaguardar debidamente la presunción de inocencia, los principios de responsabilidad penal individual y de seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo.
FUENTE: ANF / Traducción y edición: Kurdistán América Latina