Seis años después de que una ofensiva militar turca tomara el control de varias ciudades de mayoría kurda, entre ellas Afrin en marzo de 2018, y Ras al Ain (Serekaniye) y Tell Abyad (Gire Spi) en octubre de 2019, la región sigue afectada por el desplazamiento, el cambio demográfico y las violaciones generalizadas de los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos afirman que más de 150.000 personas han sido desplazadas, 52 aldeas han quedado despobladas y miles han sido detenidas o torturadas bajo el dominio de facciones respaldadas por Turquía, lo que hace que la perspectiva de un retorno seguro y voluntario sea cada vez más remota.
Con sede en Qamishlo, al noreste de Siria, la Asociación Synergy para las Víctimas (en adelante, Synergy) fue fundada en marzo de 2021 por un grupo de víctimas con el objetivo de empoderar a otras personas en su misma situación para que se representen a sí mismas, exijan sus derechos y participen activamente en los esfuerzos por lograr justicia y rendición de cuentas. Synergy es miembro del Grupo de Referencia de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Red Internacional de Víctimas y Sobrevivientes de Violaciones Graves de los Derechos Humanos.
Orhan Kamal, su coordinador, declaró a The Amargi que la asociación trabaja en estrecha colaboración con el gobierno interino de Siria, la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AADNES) y diversos organismos de la ONU para dar mayor visibilidad a las demandas de las víctimas de un retorno seguro y digno a sus hogares tras la caída del régimen de Bashar al Asad.
Kamal afirmó que Synergy anima a las víctimas a organizarse mediante iniciativas como la Plataforma para Familias de Personas Desaparecidas en el Noreste de Siria, que incluye a 750 familias, y la Red de Apatridia en Hasaka. Añadió que estas iniciativas también están lideradas por víctimas de la guerra y se llevan a cabo en colaboración con la Comisión de Justicia Transicional, la Comisión para Personas Desaparecidas y la Fundación Internacional para Personas Desaparecidas.
Kamal advirtió que los peligros no han terminado tras la caída del régimen de Asad. “Una violación sigue siendo una violación, independientemente de quién la cometa, y los responsables deben comparecer ante la justicia”, afirmó, haciendo hincapié en que las organizaciones de derechos humanos tienen la responsabilidad moral y humanitaria de monitorear y documentar las violaciones.
Según datos de Synergy, casi 150.000 personas en Ras al Ain han sido desplazadas. Quedan menos de cincuenta ancianos kurdos, junto con un pequeño grupo de siríacos, un armenio y ocho yazidíes. Cincuenta y dos aldeas han quedado despobladas, y 8300 viviendas y propiedades privadas, así como 100.000 hectáreas de tierras agrícolas, han sido confiscadas en las dos ciudades por facciones del Ejército Nacional Sirio (ENS), vinculadas a Turquía.
En las ciudades de Ras al Ain y Tell Abyad, según estos datos, cerca del 85% de la población, tanto árabe como kurda, ha sido desplazada. Las facciones respaldadas por Turquía trasladaron a más de 5000 familias de otras zonas a Ras al Ain. Mientras tanto, entre el 60% y el 70% de la población reside fuera de la ciudad, en campamentos en Hasaka. Las detenciones por cargos de colaboración con la Administración Autónoma o las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) continúan hasta el día de hoy.
Synergy documentó 890 casos de detención, entre ellos 92 mujeres y 56 niños, y 346 personas desaparecidas forzosamente. Se registraron además 766 casos de tortura y siete muertes bajo tortura. Asimismo, 121 detenidos fueron trasladados a territorio turco, y 62 de ellos fueron condenados a penas de prisión de entre 13 años y cadena perpetua. Synergy también registró 70 muertes de civiles, entre ellas ocho mujeres y un bebé, 12 ejecuciones extrajudiciales, 81 atentados con bomba y 74 incidentes de enfrentamientos internos entre facciones respaldadas por Turquía.
En los últimos cuatro años, Synergy ha presentado más de 100 informes sobre derechos humanos y 35 denuncias ante organismos internacionales y de la ONU, respaldadas por una base de datos con más de 35.000 puntos de datos, para exigir rendición de cuentas, reparación e indemnización.
En conversación con The Amargi, Julia Kurdo, una persona desplazada de Tell Abyad, expresó su principal demanda: el reconocimiento oficial de la ocupación turca del territorio en el noreste de Siria y su papel en el desplazamiento de más del 95% de la población de la ciudad, lo que provocó un cambio demográfico significativo.
Según Kurdo, Tell Abyad, que en su día fue conocida por su diversidad cultural con un 30% de kurdos, un 3% de armenios y el resto árabes, muestra hoy una historia diferente. Queda menos del 1% de la población kurda original, mientras que árabes de otras zonas se han apoderado de la región.
Ibrahim Sheikho, director de la Organización de Derechos Humanos en Afrin (ODHA), declaró The Amargi que el cuarto foro anual organizado por Synergy se centró en el retorno de las personas desplazadas a Ras al Ain, Tell Abyad y Afrin. “El foro sirvió como plataforma para comunicar el sufrimiento de las comunidades desplazadas y refugiadas a los responsables de la toma de decisiones a nivel local, regional e internacional”, señaló.
Según Sheikho, la población desplazada de Afrin ascendía a aproximadamente 325.000 personas antes de la caída del régimen de Al Asad, y la población kurda restante en Afrin era menos del 25% de la que había antes de la guerra. Tras la caída del régimen, entre el 60% y el 65% de la población de Afrin, que eran desplazados internos, regresaron. Se han registrado alrededor de 700 muertes de civiles desde la ocupación de la ciudad durante la guerra y 3000 personas siguen desaparecidas, un tercio de ellas mujeres. Mientras tanto, grupos armados, con el apoyo del Estado turco, se han apoderado de aproximadamente 5000 viviendas y 600 comercios, sin que se haya realizado ningún registro oficial de estas operaciones por motivos de seguridad.
“La tasa de retorno puede superar el 60%, pero no se considera segura”, advirtió Sheikho, subrayando que un retorno integral implica garantías de seguridad y legales, rendición de cuentas para los responsables del desplazamiento y compensación para los afectados.
Sheikho explicó que las personas desplazadas de Afrin se encuentran actualmente distribuidas en varios campamentos. En Tabqa, unas 12.500 personas residen en campamentos y escuelas; en Raqqa, aproximadamente 10.000 en escuelas; en Hasaka, cerca de 6500 en escuelas; y en Qamishlo, aproximadamente 7000 en escuelas. En Alepo, su número asciende a cerca de 100.000, siendo las mujeres y los niños el grupo más numeroso.
Por su parte, Ciwan Isso, abogado especializado en personas desplazadas y refugiados, afirmó que las normas de la ONU para un retorno seguro presuponen que este sea voluntario, seguro y digno, con garantías legales. Según estas normas, quienes regresan deben recibir protección efectiva, servicios básicos, medios de subsistencia adecuados, respeto de sus derechos civiles y políticos, la restitución de sus bienes y la participación de las personas desplazadas en la planificación y la toma de decisiones.
Isso subrayó el papel fundamental que se espera de la comunidad internacional, en particular de la Unión Europea (UE), en el apoyo a las víctimas y personas desaparecidas, proporcionando asistencia técnica y financiera, exigiendo responsabilidades legales y creando instituciones judiciales independientes que garanticen juicios justos. Concluyó que el gobierno interino sirio aún no ha adoptado medidas concretas y prácticas para abordar los problemas de las víctimas y las personas desplazadas.
“Las intervenciones de las potencias regionales, en particular Turquía, complican el proceso y limitan la aplicación efectiva de las normas jurídicas y constitucionales necesarias para garantizar los derechos de las víctimas”, añadió.
FUENTE: Abbas Abbas / The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina