Por Agencia de Noticias ANF – Ilham Ehmed, copresidenta del Departamento de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), realizó una descripción detallada sobre los ataques dirigidos contra los barrios kurdos de Alepo, que el gobierno de transición de Damasco lanzó la semana pasada.
Ehmed explicó qué fuerzas participaron en los ataques contra los tres barrios en los que vivían más de quinientos mil civiles, así como los crímenes cometidos por los grupos yihadistas que encabezaron las incursiones.
La representante de la AADNES explicó todos los hechos en una conferencia de prensa por Zoom. Entre las cosas que contó, se refirió a que siete miembros de su familia fueron asesinados en un ataque con drones en el barrio de Sheikh Maqsoud. “Fueron alcanzados por un dron mientras estaban dentro de un autobús, y siete miembros de mi familia murieron allí. Además, el número de civiles que han perdido la vida hasta el momento es muy elevado. Se han saqueado casas. Los cuerpos de las combatientes fueron arrojados desde lugares altos”, señaló.
A continuación publicamos las partes más importantes de la conferencia:
Desde el 23 de diciembre de 2025, el gobierno sirio y sus fuerzas afiliadas han impuesto un asedio total a los barrios de Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah y Bani Zayd, en la ciudad de Alepo. Estos barrios albergan a más de quinientos mil civiles, incluidas casi cincuenta y cinco mil familias kurdas, así como a miles de kurdos y kurdas que fueron desplazados por la fuerza de la región de Afrin, ocupada por grupos del Ejército Nacional Sirio (ENS) respaldados por Turquía en 2018.
Este asedio constituye una continuación de los esfuerzos de larga data para marginar y aislar a la población kurda en el norte de Siria, y representa una prolongación del castigo colectivo y la persecución étnica documentados desde el inicio del conflicto sirio, en 2011. Estos barrios se habían mantenido relativamente estables en comparación con otras zonas devastadas por la guerra hasta esta nueva escalada militar.
Las siete rutas de acceso a los barrios kurdos fueron cerradas por puestos de control del Ministerio de Defensa, y solo una ruta permaneció abierta de manera intermitente bajo un estricto control militar. Este bloqueo restringió severamente la entrada de suministros esenciales como alimentos, medicamentos, combustible y ayuda humanitaria, agravando aún más una crisis humanitaria ya grave. El asedio viola los principios del derecho internacional humanitario al privar a cientos de miles de civiles de medios de vida básicos y servicios de salud, y constituye un castigo colectivo.
A pesar de los repetidos intentos de comunicación con representantes del gobierno sirio y de reuniones oficiales para solicitar el levantamiento del asedio o la autorización para la entrada de productos básicos, no se brindó respuesta ni asistencia. Esta situación agravó aún más el sufrimiento de la población civil y aumentó el riesgo de hambruna y enfermedades.
El lanzamiento de los ataques
El 6 de enero de 2026, grupos afiliados al gobierno de Damasco lanzaron una ofensiva militar a gran escala contra los barrios de Sheikh Maqsoud. Entre las unidades que participaron en el ataque se encontraban las Divisiones 60, 62, 72 y 86 del ejército sirio, con el apoyo de vehículos blindados, unidades de artillería pesada, lanzacohetes Grad y Katyusha, morteros, ametralladoras pesadas DShK y drones suicidas.
El ataque tuvo como objetivo deliberado infraestructura civil y zonas residenciales, violando claramente las leyes de los conflictos armados que exigen distinguir entre objetivos militares y civiles. El uso inicial de drones suicidas contra centros de población civil indica una estrategia destinada a aterrorizar a la población y quebrar su resistencia.
La agresión comenzó con ataques suicidas con drones contra zonas civiles, seguidos de bombardeos indiscriminados contra áreas residenciales donde vivían civiles desarmados. A medida que tanques y vehículos blindados avanzaban hacia los barrios kurdos, civiles de zonas vecinas fueron desalojados por la fuerza de sus hogares. Se desplegaron francotiradores en los edificios altos que rodeaban los barrios.
A pesar de la densa población civil, el Ministerio de Defensa sirio declaró los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyah como “zonas militares”. Tras esta designación, se emplearon armas pesadas en zonas residenciales y se produjeron bombardeos indiscriminados, lo que suscitó serias preocupaciones sobre intentos de legitimar violaciones del principio de distinción y de la protección de civiles según el derecho internacional humanitario.
El 8 de enero, el ataque se intensificó con la participación de grupos yihadistas radicales como Asaib al Hamra (Bandas Rojas), anteriormente afiliado a Al Qaeda. Se recibieron importantes refuerzos desde Idlib y otras provincias. Grupos del ENS respaldados por Turquía participaron en la operación, mientras que drones de reconocimiento turcos (Bayraktar) proporcionaron vigilancia aérea y apoyo de inteligencia. Desde la mañana del 8 de enero, las operaciones fueron dirigidas por el jefe del Estado Mayor del Ejército sirio, el mayor general Ali al Naasan.
La participación de unidades regulares del ejército sirio junto con grupos extremistas, y la complicidad de actores extranjeros, pone de relieve la complejidad de las alianzas que han permitido la persistencia de violaciones y crímenes de guerra en la región. El ataque se llevó a cabo mediante intensos bombardeos con tanques, artillería pesada, sistemas de cohetes, morteros y numerosos drones suicidas con cargas explosivas de alta potencia, causando una destrucción generalizada de la infraestructura civil.
Tras más de doce horas de bombardeos continuos, facciones del ejército sirio lanzaron ataques terrestres coordinados contra los barrios kurdos alrededor de las 21 horas del 7 de enero y avanzaron a lo largo de tres ejes principales.
El 8 de enero, el Hospital Othman, en Ashrafiyah, y el Hospital Khalid Fajr, en Sheikh Maqsoud —el único hospital en funcionamiento en la zona— ,fueron bombardeados en múltiples ocasiones. Los ataques causaron graves daños estructurales, dejando al Hospital Khalid Fajr completamente inutilizable, mientras civiles, pacientes y personal sanitario heridos permanecían en su interior. Varias trabajadoras y trabajadores de la salud murieron, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
Las instalaciones médicas están protegidas por las Convenciones de Ginebra, y los ataques contra ellas pueden constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario.
La ocupación de Ashrafiyah y los continuos ataques contra Sheikh Maqsoud
Entre el 9 y el 10 de enero, Ashrafiyah fue ocupada completamente por las fuerzas atacantes. Posteriormente, las operaciones militares se intensificaron en Sheikh Maqsoud. Civiles, incluidos heridos, niños, niñas, personas mayores y familias enteras, quedaron atrapados en el hospital a pesar de estar fuera de servicio. Los continuos bombardeos causaron nuevas bajas entre civiles y personal médico, y el hospital siguió siendo el último refugio para quienes no pudieron escapar.
El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de civiles e instalaciones médicas de forma que los exponga a ataques, y tales actos pueden considerarse violaciones graves.
Tras el acuerdo alcanzado la tarde del 10 de enero mediante la mediación de actores internacionales, el alto el fuego entró en vigor en la madrugada del 11 de enero. El acuerdo facilitó la evacuación de personas muertas y heridas, así como del resto de las Fuerzas de Seguridad Interna de Sheikh Maqsoud, hacia zonas del noreste de Siria. Posteriormente cesaron los combates y las Fuerzas de Seguridad Interna se retiraron del barrio.
Aunque el alto el fuego proporcionó un alivio temporal, las consecuencias humanitarias y políticas a largo plazo siguen siendo motivo de gran preocupación.
Según registros administrativos locales y documentación incompleta, durante los ataques ocurridos entre el 6 y el 10 de enero:
-47 civiles, entre ellos mujeres, hombres, niños, niñas y personas mayores, fueron asesinados.
-133 civiles resultaron heridos.
-Al menos 276 civiles desaparecieron y se cree que la mayoría fueron detenidos arbitrariamente.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que estas cifras probablemente subestiman el número real de víctimas debido al acceso limitado, las detenciones continuas y el estado crítico de muchas personas heridas.
Tras los ataques, se produjo un éxodo masivo y se estima que entre ciento cuarenta y ocho mil y ciento cincuenta y cinco mil civiles kurdos y kurdas fueron desplazados por la fuerza de los barrios kurdos de Alepo.
Elementos extranjeros y crímenes de guerra documentados
Los combatientes extranjeros desempeñaron un papel documentado en los ataques, como confirman fotografías y vídeos publicados por los propios perpetradores. Esta evidencia confirma la comisión de graves violaciones que constituyen crímenes de guerra.
Los casos documentados son:
-Combatientes con insignias de ISIS participaron claramente en los ataques durante transmisiones en directo.
-Halil Yavuz, ciudadano turco y miembro de la Unión de Lobos Turcos, fue grabado alardeando del asedio y amenazando de muerte a civiles.
-El ciudadano egipcio Ahmed Mansour fue filmado participando en el asesinato y desmembramiento de una mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad Interna, y está presuntamente implicado en masacres previas en la costa siria y en Suwayda.
-Samit Dagol (Abdul Samad), ciudadano turco buscado por vínculos con ISIS y Al Qaeda, se hizo pasar por periodista afiliado a Asaib al Hamra durante los ataques.
-Miembros de la Unión de Lobos Turcos están secuestrando sistemáticamente a jóvenes kurdos, con temores fundados de ejecuciones sumarias.
Otras violaciones documentadas incluyen el uso de tanques y armas pesadas en zonas residenciales densamente pobladas, el ataque a la Gran Mezquita de Sheikh Maqsoud bajo falsos pretextos, la profanación de cadáveres con insultos racistas y sectarios, el abuso y la humillación de civiles detenidos —incluidas familias y personas mayores— y testimonios que describen terror generalizado, saqueos y abusos durante el asalto de cinco días.
A pesar del alto el fuego, los barrios kurdos permanecen prácticamente sitiados. Persisten las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el acoso y las restricciones de movimiento. El acceso a la ayuda humanitaria sigue siendo gravemente limitado, y la presencia de milicias extremistas integradas en estructuras estatales representa una amenaza constante para la seguridad civil.
La comunidad internacional debe desplegar de manera urgente observadores independientes para supervisar el alto el fuego y prevenir nuevas violaciones. El reconocimiento diplomático y la ayuda a Siria deben condicionarse a la protección verificable y a la participación política de los kurdos y otras minorías. El acuerdo del 10 de marzo (entre Damasco y las Fuerzas Democráticas de Siria) debe aplicarse plenamente, las milicias extremistas deben ser expulsadas de las fuerzas de seguridad del Estado y debe garantizarse una participación política inclusiva de todas las comunidades sirias como base para una paz duradera.
*Edición: Kurdistán América Latina