Por Women Defend Rojava* – “El sistema de justicia, es un sistema de justicia social basado en los principios éticos y políticos de la sociedad. Su objetivo es construir una sociedad que adopte un enfoque y una visión democrática y ecológica, con la libertad de las mujeres como base y la vida como valor fundamental. La sociedad es su punto de partida; protege los derechos del individuo en la vida social de acuerdo con los fundamentos del Contrato Social y se basa en los principios universales de justicia y derechos humanos. Resuelve los problemas relacionados con la justicia a través de sus propias instituciones, en las que la justicia se logra mediante la participación de la población y la organización de unidades locales constituidas democráticamente” (Artículo 114 del Contrato Social de la Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria -AADNES-, 2023)
La construcción del sistema basado en el Confederalismo Democrático en Rojava, y en el norte y el este de Siria, ha traído consigo numerosos cambios en todos los aspectos de la vida colectiva y social, pero quizá uno de los más interesantes haya sido el sistema judicial, ya que las leyes y el Poder Judicial se encuentran entre los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Estado. Por el contrario, el sistema judicial de Rojava tiene como objetivo resolver los problemas y conflictos que surgen en la comunidad desde dentro de la propia comunidad, siempre que sea posible, y remitirlos a otros órganos cuando estos no encuentran salida.
Por esta razón, uno de los primeros comités establecidos en todas las comunas fue el de Reconciliación, cuyo objetivo es servir de enlace y mediar entre las partes afectadas para alcanzar una solución que sea aceptable para todos los implicados. Las personas que forman estos comités son residentes locales que conocen y comprenden el contexto, las historias y las situaciones de quienes conviven con ellos, y pueden encontrar soluciones más adecuadas que las que ofrece la ley. Si el problema no se resuelve, el caso puede llevarse a los tribunales sociales, donde se sigue buscando una solución de mutuo acuerdo y, de no ser así, se toma una decisión sobre cómo debe resolverse la situación.
Al igual que todas las demás estructuras de Rojava, el sistema judicial también cuenta con un sistema de justicia autónomo, en cuya base se encuentran las Mala Jin (casas de las mujeres), donde las mujeres intervienen para resolver situaciones que las afectan y garantizar el respeto de sus derechos. Al mismo tiempo, por iniciativa del movimiento de mujeres, en 2014 se aprobaron las Leyes de la Mujer (posteriormente incorporadas a las Leyes de Familia), que establecieron los derechos de las mujeres de la región y trataron de poner fin a prácticas como el matrimonio con menores de 18 años, la poligamia o la violencia contra las mujeres y el feminicidio, que se producían de forma más que puntual en la región y en toda Siria.
Aunque al principio no fue fácil, actualmente la mayoría de los problemas se resuelven dentro de las propias estructuras de la sociedad y solo una pequeña proporción llega a los tribunales.
La justicia en el actual proceso de integración
Sin embargo, en el actual proceso de integración con el Estado sirio, la justicia es uno de los ámbitos de negociación en los que se están encontrando obstáculos para alcanzar un acuerdo. El diálogo entre el Ministerio de Justicia y los representantes del Consejo de Justicia comenzó en abril con la visita de una delegación del Ministerio de Justicia del gobierno interino al juzgado de Qamishlo. La información reveló que la delegación del gobierno interino trató de imponer sus condiciones reincorporando a los jueces baathistas, afiliados al antiguo régimen y nombrándolos para el juzgado. También exigieron que los jueces y el personal actuales cesaran sus funciones y regresaran a casa, con el entendimiento de que más tarde solicitarían la reelección dentro de la nueva estructura. Además, exigieron la entrega de todos los archivos y casos relacionados con los residentes para su propia disposición, una demanda que contradice el acuerdo del 29 de enero. Pero los trabajadores y representantes del sistema de justicia de la AADNES no aceptaron las demandas. Los jueces y el resto del personal del cuerpo de justicia insisten en su derecho a administrar las instituciones judiciales dentro de la región, mientras que se podría llegar a un mecanismo para garantizar la gestión conjunta de los expedientes y los juzgados.
La situación del sistema de justicia de mujeres y las Mala Jin aún está por definir. Uno de los principales obstáculos es que el gobierno interino no quiere reconocer el rol de las mujeres en el sistema de justicia como juezas o abogadas. Por el momento, las compañeras continúan trabajando igual que antes, aunque con la sospecha de que van a tener que pelear duramente por mantener sus instituciones y normas. El caso más preocupante es el de las Leyes de las Mujeres, ya que existen contradicciones entre el ordenamiento jurídico del gobierno interino y los derechos de las mujeres, en materias como el matrimonio con menores o la poligamia. Las compañeras que trabajan en el sistema de justicia autónomo y las Mala Jin, apuestan por defender un ordenamiento jurídico que garanticen los derechos y libertades que las mujeres han logrado en esta última década de revolución en Rojava.
*Edición: Kurdistán América Latina