Por Said Khanafira* – La guerra entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán, por el otro, se inició bajo una serie de supuestos estratégicos, incluida la posibilidad de que un ataque decisivo pudiera precipitar el colapso del régimen o desencadenar una revuelta étnica contra Teherán. Un día después del estallido de la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en vídeo dirigido explícitamente a los grupos étnicos de Irán, instándolos a movilizarse contra el régimen. “Oh, ciudadanos de Irán: persas, kurdos, azeríes, ahwazíes y baluches, ahora es el momento de unir vuestras fuerzas para derrocar al régimen”, declaró Netanyahu el 1 de marzo en un inusual llamamiento directo a los diversos grupos étnicos de Irán.
Estas expectativas no han surgido de la nada. Las minorías étnicas de Irán han albergado durante mucho tiempo agravios contra el gobierno central, arraigados en la marginación política, económica y cultural. Irán posee una política étnica dinámica, aunque a menudo desatendida. Varias regiones con población minoritaria han experimentado protestas recurrentes, huelgas y enfrentamientos intermitentes con las fuerzas estatales en los últimos años. Además, la historia reciente en Medio Oriente ha reforzado aún más las expectativas de estallidos de revueltas étnicas durante los períodos de conflicto. El paralelismo más cercano es Irak, en 1991, tras la Guerra del Golfo. A los pocos días de la derrota de Irak a finales de febrero de 1991, los chiítas de varias provincias del sur del país se sublevaron contra el régimen baazista a principios de marzo, seguidos por una revuelta similar de los kurdos iraquíes ese mismo mes.
A pesar de las expectativas similares respecto a los grupos étnicos de Irán, no se materializó ningún levantamiento importante, ni siquiera después de que se declarara un alto el fuego. En cambio, la ausencia de una revuelta a gran escala ha disminuido las esperanzas de algunos observadores externos de que pudiera surgir un levantamiento multiétnico coordinado para desafiar a la República Islámica.
Cabe reconocer que, durante la guerra, se produjeron algunos enfrentamientos étnicos en ciertas regiones con población minoritaria, incluidas zonas habitadas por grupos árabes y baluches. Sin embargo, estos incidentes se mantuvieron geográficamente limitados y fragmentados. No llegaron a constituir un desafío coordinado o sostenido para el aparato de seguridad del régimen iraní, ni tampoco socavaron significativamente el firme control del gobierno sobre estas regiones.
Explicar este comportamiento es complejo y conlleva el riesgo de generalizar y simplificar en exceso. Factores de larga data, como la represión y la securitización, junto con la reciente interrupción de las comunicaciones —en particular, el cierre de internet—, sin duda han contribuido a la relativa calma política de la población durante y después de la guerra. Sin embargo, estas explicaciones se ven reforzadas por condiciones estructurales más profundas que han hecho improbable una revuelta étnica, incluso en los momentos en que la República Islámica parecía más débil.
Cumplimiento sin legitimidad
Las expectativas de protestas y revueltas en Irán suelen basarse en la premisa de que la República Islámica ya no goza de legitimidad y que los grupos étnicos —en particular aquellos que sufren represión interseccional por parte del régimen, como los suníes baluches y los kurdos— se alzarán para reclamar sus derechos marginados. Sin embargo, este planteamiento no solo atribuye una capacidad de acción excesiva a grupos ya desfavorecidos, sino que también minimiza las estrategias de Teherán para gestionar las relaciones étnicas. Además, presupone que la legitimidad es el principal mecanismo de gobierno en las provincias étnicas de Irán, de modo que su ausencia conduciría inevitablemente a levantamientos étnicos.
Esta suposición es errónea. La República Islámica no gobierna estas regiones principalmente mediante la legitimidad —entendida como un supuesto derecho moral a gobernar— sino más bien mediante el cumplimiento de normas.
Desde 2017, a medida que los movimientos de protesta han surgido con intervalos cada vez más cortos, la República Islámica ha ido virando gradualmente hacia la obtención del cumplimiento ciudadano de su régimen, haciendo mayor hincapié en la coerción que en el consentimiento. Si bien esta trayectoria se ha hecho más visible en las provincias de mayoría persa durante la última década, tiene un precedente histórico más extenso en ciertas regiones étnicas, particularmente en Kurdistán y Baluchistán, donde las distinciones étnicas y religiosas limitan el espacio para formas de legitimidad política centradas en el chiismo. Este modo de gobierno basado en el cumplimiento también se ha extendido, aunque de forma desigual, a otros grupos étnicos, incluidos los turcos azerbaiyanos, los árabes y los luros.
Despolitización sistemática
En el fondo de las exigencias de la República Islámica para que los ciudadanos cumplan con sus órdenes, se encuentra la búsqueda de la dominación política. Cualquier protesta o actividad que derive en demandas políticas es rápidamente reprimida. En este contexto, la República Islámica ha buscado sistemáticamente eliminar cualquier centro de poder fuera de los dominios controlados por el Estado. Esta estrategia ha resultado en la casi total ausencia de organización política —e incluso de activismo independiente de la sociedad civil— en las provincias étnicas, reduciendo a los grupos étnicos a masas sin forma definida con escasa capacidad para participar en un activismo político significativo.
En estas regiones, la política se ha reducido a una participación ritualizada en las elecciones nacionales y locales. En este sentido, la política sirve más como una reafirmación de la presencia estatal que como una participación genuina en la gobernanza. Por ejemplo, en algunas circunscripciones étnicas se espera que los candidatos parlamentarios incluyan la bandera iraní en el fondo de sus carteles de campaña.
En términos generales, las provincias étnicas de Irán se configuran por la interacción de dos fuerzas dominantes: un extenso aparato de seguridad y poblaciones políticamente marginadas. La gobernanza en estas regiones se estructura en torno a una ecuación tácita en la que los ciudadanos acatan las políticas estatales a cambio de su seguridad personal. A diferencia de otros sistemas represivos, como los regímenes baazistas de Irak y Siria, donde a menudo se esperaba que el cumplimiento se manifestara públicamente, la República Islámica no exige muestras explícitas de lealtad. En cambio, exige principalmente silencio y pasividad política. Dentro de este marco, los ciudadanos políticamente descontentos tienden a evitar formas de acción colectiva de alto riesgo, incluida la revuelta, como estrategia de autopreservación.
Lo que hace que este equilibrio sea particularmente duradero es que mantener la seguridad personal requiere poca actividad, mientras que atraer la represión generalmente implica algún tipo de participación política. En este contexto, cuando un pequeño grupo de militantes árabes en Ahwaz inició enfrentamientos armados contra las fuerzas de seguridad estatales durante la guerra, la población árabe en general mantuvo en gran medida su patrón de obediencia. Esta respuesta no refleja la ausencia de quejas, sino la percepción generalizada de que desviarse de la obediencia conlleva riesgos significativos e inmediatos, incluso cuando surgen perspectivas de acción colectiva.
Irónicamente, los ataques contra elementos del aparato represivo en algunas regiones árabes y kurdas no lograron persuadir a sectores más amplios de estas poblaciones para que se movilizaran en rebelión. Por el contrario, muchos parecían no estar convencidos de que el orden de seguridad vigente estuviera a punto de colapsar.
Una consecuencia estratégica de esta dinámica es el debilitamiento de la solidaridad interétnica en todo Irán. A pesar de la creciente relevancia de la solidaridad interétnica en principio, los grupos étnicos iraníes siguen expresando sus quejas de forma aislada, un patrón que refleja la despolitización generalizada de las reivindicaciones étnicas. En algunos casos, como las relaciones entre kurdos y turcos azerbaiyanos en la provincia de Azerbaiyán Occidental, el Estado iraní ha exacerbado estas divisiones al enfrentar a ambos grupos, socavando así aún más la posibilidad de una solidaridad étnica sostenida.
Irán ha convertido sistemáticamente a sus grupos étnicos en poblaciones, en gran medida, despolitizadas y con escasa capacidad de acción colectiva. Más importante aún, esta situación ha permitido al Estado implementar estrategias diferenciadas de gobernanza étnica en sus diversas provincias. En la práctica, el enfoque de Teherán hacia los baluches, por ejemplo, difiere significativamente de sus políticas hacia los azerbaiyanos.
Bajo la República Islámica, la mayoría de los grupos étnicos de Irán han sufrido diversos grados de represión política y cultural. Al mismo tiempo, el régimen ha logrado mantener un control férreo sobre estas poblaciones. En consecuencia, la ausencia de movilizaciones étnicas a gran escala durante los períodos de crisis se comprende mejor como resultado de la eficaz gestión estatal de la disidencia étnica, más que como una falta de capacidad de acción o voluntad por parte de estos grupos para resistir la represión.
*Publicado el 12 de mayo de 2026 en The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina