Por Syrian For Truth & Justice (STJ)* – La ONG STJ insta al gobierno de transición sirio (GTS) a reconocer las violaciones cometidas en Afrin (Rojava), garantizar la rendición de cuentas, desmantelar los centros de detención no oficiales y defender los derechos de las víctimas, aspectos todos ellos esenciales para una transición política creíble basada en el Estado de derecho.
El presente informe ofrece un relato detallado y basado en pruebas de un patrón sistemático de graves violaciones de los derechos humanos en Afrin y sus alrededores, cometidas por facciones armadas que anteriormente operaban bajo el mando del Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldado por Turquía. Estas violaciones, que comenzaron tras la Operación Rama de Olivo, de 2018, han persistido y siguen vigentes incluso tras la caída del régimen de Bashar al Asad y el establecimiento del GTS a finales de 2024. Las conclusiones de esta investigación ampliada se inscriben en un periodo de importante reestructuración institucional. Tras la conclusión de la Operación Disuasión de la Agresión, el ENS anunció su disolución formal y la integración de sus facciones constituyentes en el Ministerio de Defensa del GTS. Esta transición fue ratificada oficialmente en la Conferencia de la Victoria celebrada el 29 de enero de 2025 (1).
El informe se basa en 41 testimonios directos y en una serie de materiales de fuentes abiertas, y revela patrones sistemáticos de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, extorsión económica y discriminación por motivos de identidad étnica, en un contexto de ausencia casi total de rendición de cuentas y supervisión judicial (2).
Las conclusiones revelan que la detención arbitraria fue el principal punto de partida de un ciclo más amplio de violaciones. Los civiles eran detenidos sin órdenes judiciales, a menudo en puestos de control o al regresar de zonas de desplazamiento, y posteriormente trasladados a una extensa red de centros de detención formales e informales. Entre estos lugares se encontraban escuelas, fábricas, almacenes y viviendas civiles confiscadas, todos ellos reconvertidos en centros de detención que operaban al margen de cualquier marco legal y se regían por un enfoque centrado en la seguridad y basado en la violencia y la humillación.
El informe revela además que estas prácticas continuaron después de 2024, lo que subraya que las violaciones no se limitan al período de guerra ni están vinculadas únicamente al antiguo régimen. Syrians for Truth and Justice documentó detenciones de civiles que regresaban a Afrin tras la caída del régimen, quienes fueron detenidos con el pretexto de una “inspección” o un “control de seguridad” y luego sometidos a palizas y malos tratos sin ser llevados ante las autoridades judiciales. Esto demuestra que las mismas estructuras represivas siguen vigentes a pesar del contexto político cambiante.
El informe también documenta patrones recurrentes de tortura y trato inhumano, que incluyen palizas severas, descargas eléctricas, suspensión, quemaduras, privación de alimentos, abuso verbal y amenazas de violencia sexual. Estas prácticas no fueron incidentes aislados, sino parte de una política sistemática utilizada para obtener confesiones forzadas o coaccionar a las familias para que pagaran rescates económicos. Cabe destacar que la tortura se infligía delante de los familiares o a los propios familiares para ejercer presión psicológica sobre los detenidos, métodos que destacan por ser de los más brutales y impactantes.
El informe también pone de manifiesto que la puesta en libertad de los detenidos solía estar supeditada al pago de cuantiosas sumas de dinero, sin resoluciones judiciales por escrito ni recibos oficiales, lo que, en la práctica, convertía la privación de libertad en una herramienta de extorsión y en una economía paralela que beneficia a las facciones armadas y a sus líderes. Las detenciones también iban acompañadas de saqueos y confiscaciones de bienes, ya fuera durante las redadas o como condición no declarada para la puesta en libertad.
En lo que respecta a la identidad, los testimonios revelan una política sistemática de discriminación contra los residentes kurdos, en la que se utilizaba la “acusación prefabricada” de afiliación a entidades kurdas o de participación en las estructuras de la antigua autogestión para justificar la detención y la tortura. Estas acusaciones solían ir acompañadas de una retórica degradante e insultos de carácter étnico, lo que indica que las violaciones se dirigían específicamente contra los kurdos por su identidad.
El informe destaca además que la integración de facciones armadas en el Ministerio de Defensa del GTS, y el nombramiento de sus líderes para ocupar cargos oficiales, se produjo sin que se exigieran responsabilidades reales por las violaciones documentadas. Por el contrario, se incluyó a personas citadas en informes internacionales de derechos humanos y en listas de sanciones. Esta realidad pone de relieve la política continuada de impunidad y la reproducción de un sistema represivo en nuevas formas institucionales.
El informe concluye que las violaciones documentadas en Afrin constituyen una política sistemática y continuada que se ha mantenido desde 2018, a pesar de los cambios en las autoridades. Como tales, equivalen a violaciones continuadas que requieren una reparación integral en el marco de la justicia transicional que no excluya a ninguna de las partes.
A la luz de estas conclusiones, el informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno de transición sirio y a la comunidad internacional, en las que se insta al reconocimiento oficial de las violaciones, a la apertura de investigaciones independientes, a vincular la integración de las facciones armadas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas, al cierre de los centros de detención no oficiales y a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, condiciones consideradas esenciales para cualquier transición política basada en el estado de derecho y la prevención de futuras violaciones.
Para descargar o leer el informe en inglés, click aquí
Notas:
[1] “Decisiones de la Conferencia de la victoria siria… Una cuestión de orden” [en árabe], Al-Araby Al-Jadeed, 5 febrero 2025, para ingresar, click aquí
[2] Ver, por ejemplo: “Todo depende del poder de las armas: abusos e impunidad en el norte de Siria ocupado por Turquía”, Human Rights Watch, 29 February 2024, https://www.hrw.org/report/2024/02/29/everything-power-weapon/abuses-and-impunity-turkish-occupied-northern-syria (Último acceso: 1 abril 2026);
Ver también: Informe de la Comisión Internacional Independiente de
Investigación sobre la República Árabe Siria, A/HRC/49/77, 8 febrero 2022, https://docs.un.org/en/A/HRC/49/77 (Último acceso: 1 abril 2026).
*Traducción y edición: Rojava Azadi Madrid