Desde el experimento Milei en Argentina hasta los ataques a Venezuela, desde la búsqueda de la paz en Colombia hasta las políticas estadounidenses, América Latina se encuentra en una encrucijada. Pedro Perucca conversó con Yeni Özgür Politika.
Sudamérica ha ingresado en un período en el que las fisuras de la democracia liberal se vuelven cada vez más evidentes. Por un lado, se intensifican las tensiones geopolíticas entre Venezuela y Estados Unidos; por otro, se desarrollan procesos electorales que se extenderán hasta 2025 en varios países de la región. El ascenso de gobiernos populistas de derecha —desde Argentina hasta Chile y desde Ecuador hasta Bolivia— suele explicarse únicamente a partir de las crisis económicas, pero también es consecuencia del fracaso de la izquierda a la hora de institucionalizar la democracia en su práctica de gobierno y de construir una alternativa social sólida.
Las experiencias progresistas que conciben el poder como un espacio meramente administrativo, y no como una herramienta de transformación, terminan facilitando el retorno de la derecha, al no generar soluciones estructurales y duraderas.
Esta crisis no es exclusiva del continente: señala un problema más amplio que debilita la capacidad de la izquierda para consolidarse como una opción viable a escala global. La situación se agravó en los últimos días cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron secuestrados de su residencia por Estados Unidos, en una demostración de fuerza que recurrió a métodos propios de la mafia. En ese episodio se ignoró abiertamente el derecho internacional y las Naciones Unidas se limitaron a observar pasivamente, una imagen elocuente del estado actual de la democracia mundial.
Devriş Çimen, de Yeni Özgür Politika, conversó con el sociólogo y periodista Pedro Perucca, editor de Jacobin Latin America, sobre las tendencias políticas actuales en Sudamérica y el escenario crítico que enfrenta la democracia en la región.
Debido a las guerras en Ucrania y Medio Oriente, los acontecimientos en Sudamérica han quedado relegados en los medios. ¿Qué ha ocurrido allí en los últimos años, o qué está ocurriendo actualmente?
Tras la llamada marea rosa latinoamericana (aproximadamente entre 1998 y 2012), se produjo una contraofensiva conservadora que permitió el regreso al poder de distintas fuerzas de derecha en países clave como Argentina (2015), Brasil (2016) y Chile (2017). Sin embargo, como ocurrió con varios proyectos de la nueva derecha a nivel global —incluida la primera presidencia de Donald Trump— estos gobiernos no lograron consolidarse ni obtener la reelección.
Esto abrió el período actual, caracterizado por una alternancia entre gobiernos progresistas y conservadores, sin que ninguno de los dos bloques haya podido establecer una hegemonía duradera.
El problema de fondo de la llamada segunda marea rosa, inaugurada en 2018 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México —un país que no había formado parte de la ola progresista anterior— es que, en varios casos, estas administraciones resultaron incluso menos radicales que sus predecesoras. En lugar de impulsar transformaciones estructurales, se limitaron a gestionar de manera más eficiente el orden existente y las relaciones de poder ya establecidas.
Así, con la excepción de México —que sí implementó políticas redistributivas que elevaron de forma significativa los salarios promedio y sacaron a millones de personas de la pobreza— estos gobiernos progresistas funcionaron en gran medida como un interregno previo a un retorno más fuerte de la derecha.
El caso paradigmático es Argentina bajo los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2019: una administración profundamente deficitaria, atravesada por una aguda crisis política y una inflación descontrolada, que sentó las bases para la victoria de Javier Milei. Esta es la tragedia de lo que la académica Nancy Fraser define como neoliberalismos progresistas: una combinación de agendas culturales progresistas —multiculturalismo, inclusión, diversidad y feminismo— con políticas económicas que profundizan la desigualdad, la precarización y el malestar social, alimentando a la derecha y bloqueando los caminos hacia proyectos de izquierda verdaderamente transformadores.
Hoy, gran parte del continente sigue atrapada en esta dinámica, pero en un escenario cada vez más adverso y con un claro desplazamiento hacia la derecha, moldeado por la creciente injerencia de Estados Unidos bajo la segunda administración de Trump. En el marco de su crisis hegemónica y de una rivalidad geopolítica cada vez más intensa con China, Estados Unidos parece abandonar gradualmente su rol de “policía del mundo” para reenfocarse en lo que la Doctrina Monroe definió como su “patio trasero”, al tiempo que intenta frenar la consolidación de la influencia china en la región. Esto constituye una mala noticia para América Latina, como lo demuestra la escalada de ataques contra Venezuela y el aumento de la interferencia estadounidense en toda la región.
¿Qué busca lograr el presidente Milei, que se define como “anarcocapitalista”, después de que sus políticas neoliberales y sus estrictas medidas de austeridad hayan provocado inestabilidad económica y política en Argentina? ¿Los acontecimientos actuales reflejan la situación política crónica que ya existía antes del colapso de 2001?
La presidencia de Javier Milei intenta poner fin a lo que algunos analistas describen como un prolongado “empate hegemónico”, en el cual la clase trabajadora argentina, aunque incapaz de imponer un proyecto político-económico alternativo, logró durante décadas conservar la capacidad de bloquear una transformación neoliberal completa de las relaciones de producción. El objetivo actual es imponer una derrota estratégica que permita relanzar una nueva fase de acumulación capitalista hoy bloqueada.
Esto implica, inevitablemente, la pérdida de conquistas históricas y derechos laborales, la destrucción de una parte significativa de la clase media y la degradación casi total de un Estado de bienestar que en Argentina aún garantiza derechos básicos como la salud y la educación públicas y gratuitas.
Las organizaciones sindicales también se encuentran bajo ataque. Aunque debilitadas respecto de su apogeo histórico durante el llamado “primer peronismo”, continúan desempeñando un papel relevante. En este contexto, la punta de lanza de la ofensiva gubernamental es el proyecto de ley de “modernización laboral”, una reforma profundamente regresiva y abiertamente antiobrera.
A pesar de sus múltiples crisis, el experimento “libertario” de Milei logró avances que otros proyectos de derecha no habían conseguido. Para aplicar un ajuste sin precedentes durante sus dos años de gobierno —con pérdidas históricas de salarios y derechos— explotó al máximo las posibilidades de un nuevo ecosistema digital: bots, streamers, redes sociales y memes, utilizados para amplificar el odio cotidiano y consolidar una pedagogía del individualismo extremo y la crueldad social. De este modo, logró penetrar con su discurso reaccionario en sectores populares, especialmente entre jóvenes —en particular varones— con un fuerte énfasis en una ideología marcadamente antifeminista, confirmando que se trata de una fuerza de derecha con vocación de permanencia.
A pesar de la profunda crisis económica y política del país —con niveles récord de cierres industriales, desempleo y pobreza, además de escándalos de corrupción y vínculos oficiales con el narcotráfico— el gobierno logró imponerse en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esto se explica en parte por la ausencia de una oposición organizada y por el temor a que una derrota oficialista desatara una crisis aún más profunda, pero sobre todo por la intervención directa del gobierno estadounidense mediante un rescate económico sin precedentes para sostener a Milei. Su alineamiento con Trump y con el genocida Netanyahu es absoluto.
No obstante, esta victoria electoral no elimina la perspectiva de un aumento del conflicto político y económico en el corto plazo. Aunque el escenario actual no es comparable con el que desembocó en la rebelión popular de 2001 —debido al debilitamiento de las organizaciones sociales y a una crisis subjetiva más profunda— Argentina cuenta con una larga tradición de politización, organización y resistencia callejera frente a planes reaccionarios, una tradición en la que sigo depositando mi confianza.
Las políticas impulsadas por Hugo Chávez desde 1999 y continuadas por Nicolás Maduro desde 2013 no condujeron a Venezuela hacia una democracia plenamente consolidada. La crisis política y económica persiste. Juan Guaidó se proclamó “presidente interino” en 2019 y recientemente María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. ¿A qué se oponen estas figuras y cuál es el estado actual de la democracia en Venezuela?
Venezuela es un caso extremadamente complejo y difícil de abordar sin caer en simplificaciones, ya que suelen predominar posiciones fuertemente polarizadas que impiden una comprensión rigurosa. Por un lado, un sector de la izquierda continúa defendiéndola de manera acrítica, estableciendo pocas diferencias entre los gobiernos de Chávez y Maduro y atribuyendo todos los problemas del país a la ofensiva política, económica y militar de Estados Unidos.
En los últimos meses, esta ofensiva se ha intensificado, incluyendo ataques de fuerzas paramilitares, intervenciones directas de las fuerzas armadas estadounidenses —como el hundimiento de pequeñas embarcaciones venezolanas bajo acusaciones infundadas de narcotráfico— y, recientemente, la incautación de un petrolero iraní frente a las costas del país.
Por otro lado, las derechas y sus medios aliados denuncian a Venezuela como una “dictadura” criminal, aplicando un doble estándar flagrante si se la compara con otros países productores de petróleo aliados de Occidente, cuyas violaciones sistemáticas de los derechos humanos son toleradas sin cuestionamientos.
Venezuela no es ni una cosa ni la otra. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 —y su inmediata estigmatización como “dictador”— la Revolución Bolivariana ganó decenas de elecciones de carácter democrático incuestionable, certificadas por organismos como el Centro Carter. Sin embargo, tras la cuestionada muerte de Chávez, la continuidad bajo Nicolás Maduro implicó una serie de retrocesos, entre ellos la pérdida de protagonismo popular, especialmente en el rol de las comunas, definidas por Chávez como el “corazón vivo” de la revolución.
También se consolidaron estructuras burocráticas de poder, en particular dentro de las fuerzas armadas y de la llamada “boliburguesía”, enriquecida por la gestión de los recursos petroleros en PDVSA, al tiempo que crecieron las dudas sobre la transparencia de los procesos electorales más recientes.
Las denuncias estadounidenses sobre una supuesta “dictadura” responden, en realidad, al interés estratégico por controlar los recursos petroleros venezolanos. Esto explica su apoyo a figuras políticamente irrelevantes como Juan Guaidó y María Corina Machado, ambos estrechamente alineados con Washington, junto con una ofensiva económica brutal contra el país. Hoy, si bien toda la izquierda debe defender sin ambigüedades a Venezuela frente a la escalada del imperialismo, también es cierto que no se trata de un modelo que pueda ser reivindicado acríticamente por los movimientos revolucionarios.
Colombia busca consolidar la democracia y la paz tras décadas de conflicto. A pesar de los procesos de paz, la inestabilidad persiste. ¿Qué medidas se están tomando para institucionalizar y socializar la democracia y la paz?
El caso colombiano es singular en América Latina, ya que los intentos de consolidar la democracia y la paz se desarrollan en un país atravesado por décadas de conflicto armado, profundas desigualdades sociales y un entramado institucional históricamente controlado por élites conservadoras. En este contexto, la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022 representa la primera presidencia de izquierda en la historia reciente del país, tras casi 80 años de gobiernos de derecha.
Este hecho marcó un punto de inflexión político y simbólico, pero muchas de las dificultades que enfrenta la administración derivan precisamente de esta novedad histórica, en su intento por transformar lógicas conservadoras, racistas y clasistas arraigadas durante décadas, muchas veces con el respaldo de Estados Unidos, que durante años utilizó el discurso de la “guerra contra las drogas” para subordinar a Colombia a sus intereses regionales.
Uno de los ejes centrales del gobierno de Petro es la política de “paz total”, orientada a retomar y ampliar los acuerdos firmados con las FARC en 2016, avanzar en negociaciones con otros actores armados y abordar las causas estructurales del conflicto. En este marco, se impulsan políticas de reforma agraria, restitución de tierras, fortalecimiento de las economías campesinas y reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos centrales de la democratización.
Este proceso se acompaña de una agenda de ampliación de la participación social, creación de nuevas instituciones democráticas y una mayor presencia del Estado en territorios históricamente abandonados, junto con una ruptura discursiva explícita con el enfoque militarista dominante. Por primera vez, también emergen posicionamientos abiertamente antiimperialistas y un respaldo explícito a la causa palestina, entre otros temas ausentes hasta ahora del discurso oficial colombiano.
No obstante, estos avances conviven con fuertes obstáculos. El gobierno enfrenta la resistencia de sectores empresariales, mediáticos y políticos que conservan el control de resortes institucionales clave, así como las limitaciones de un sistema político fragmentado y de un parlamento reticente a aprobar reformas estructurales. A ello se suma la persistencia de la violencia en determinadas regiones, donde grupos armados y economías ilegales continúan disputando el control territorial, demostrando que la paz no puede reducirse a acuerdos formales, sino que requiere transformaciones sociales profundas y planificación a largo plazo.
En este contexto, la institucionalización y socialización de la democracia y la paz en Colombia siguen siendo procesos abiertos y en disputa. Sin dudas, el gobierno de Petro ha realizado el intento más serio por abordar estas problemáticas desde sus raíces, redefiniendo la relación entre Estado, territorio y sociedad. Su éxito dependerá de la capacidad de sostener esta orientación política, ampliar los consensos sociales y resistir los intentos de bloqueo y deslegitimación. Más que un punto de llegada, la experiencia colombiana muestra que la democracia sigue siendo un campo de lucha, en el que la paz se disputa tanto en las instituciones como en la vida cotidiana de las mayorías.
Continuará…
Nota: Esta entrevista fue realizada antes del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.