Por Sinan Şahin* – Presentamos la segunda parte de este ensayo sobre Irán. Para leer la primera entrega, click aquí.
Una característica fundamental de Irán es su composición multiétnica y multirreligiosa. En el país están reconocidas oficialmente las ramas musulmanas chiitas y sunitas, así como el judaísmo, el zoroastrismo y el cristianismo. Aunque la fe bahá’í cuenta con un número considerable de seguidores, no ha sido reconocida oficialmente y ha sido prohibida debido a su separación del chiismo, lo que las autoridades suelen presentar como una “traición a la secta”. La persecución de los bahá’ís constituye un ejemplo significativo del enfoque del régimen hacia la libertad de creencias. Más allá de las religiones reconocidas, existe un número muy reducido de personas que profesan otras creencias, como el maniqueísmo o el budismo, aunque estas comunidades son limitadas y no disponen de lugares de culto oficialmente reconocidos.
El artículo 12 de la Constitución iraní establece que “la religión oficial de la República Islámica es el islam y su rama oficial es el chiismo”, lo que excluye al islam sunita del reconocimiento oficial. Al mismo tiempo, la representación parlamentaria contempla cuotas para minorías no musulmanas, teniendo en cuenta tanto identidades étnicas como religiosas. Estas cuotas asignan dos escaños a los armenios y uno a zoroastrianos, judíos y asirios, sumando un total de cinco representantes. Sin embargo, los musulmanes sunitas no disponen de ninguna cuota, ni como grupo religioso ni como comunidades con esa fe, lo que supone su exclusión en ambos planos. En la práctica gubernamental, el régimen ha mostrado mayor tolerancia hacia los chiitas, generando una percepción de privilegio frente a otras confesiones y buscando asegurar su lealtad.
Además, los sunitas en Irán han sido a menudo considerados como un grupo de estatus inferior dentro de la sociedad chiita. Los chiítas se han definido a sí mismos como “khassa” (élite), mientras que a los sunitas los han denominado “amma” (pueblo llano). Esta visión aparece claramente reflejada en los primeros escritos de Ruhollah Khomeini. En su obra Kashf al-Asrar, Khomeini sostenía que los sunitas eran responsables de la “sedición de Karbala”, en referencia a la muerte de Hussein, hijo de Ali, en el año 680. Describía este hecho como la mayor tragedia de la historia islámica y afirmaba que alteró el curso del desarrollo histórico. Tras la Revolución iraní, Khomeini y el estamento clerical intentaron suavizar parcialmente su enfoque hacia los sunitas, con declaraciones como: “Nuestro Corán es uno, nuestra Kaaba es una, cumplimos las mismas obligaciones religiosas y nuestras oraciones son las mismas; las pequeñas diferencias no deberían impedir nuestra unidad”. No obstante, la identidad chiita continuó siendo considerada superior en múltiples ámbitos políticos y sociales.
Junto a estas prácticas discriminatorias, otro elemento relevante es que los árabes sunitas residen principalmente en la provincia de Juzestán, donde se concentra aproximadamente el 90% de los recursos petroleros de Irán. La presencia de comunidades árabes en esta región, considerada el corazón de la industria petrolera del país, constituye una vulnerabilidad estratégica. Estados Unidos y diversos países árabes han intentado ampliar su influencia a través de estas poblaciones. En caso de un conflicto terrestre, el acceso a esta región permitiría controlar los recursos energéticos iraníes y cortar su principal fuente de ingresos.
La política exterior de Irán se ha orientado principalmente hacia la “independencia total” y la exportación del chiismo iraní. Al mismo tiempo, ha buscado contrarrestar las políticas hostiles de Estados Unidos e Israel, priorizando estrategias regionales en sus relaciones internacionales. En este marco, el denominado “mundo de Khomeini” ha tratado de fortalecer relaciones con el Golfo Pérsico, la región del Caspio-Asia Central y el Cáucaso, así como con países del Pacífico, una Europa unificada, Asia Oriental y el continente africano.
Es posible caracterizar a Irán como la “segunda potencia ocupante” en Irak después de Estados Unidos. Para comprender su papel en ese país, es necesario identificar sus objetivos estratégicos. En primer lugar, Irán ha considerado Irak como el paso inicial para liderar el mundo chiita. Además, lo concibe como una profundidad estratégica natural, una primera línea de defensa frente a posibles ataques o intentos de cambio de régimen. Asimismo, busca utilizar Irak como instrumento de presión en las negociaciones internacionales relacionadas con su programa nuclear.
Estructura política de Irán
Aunque Irán cuenta formalmente con un sistema presidencialista, como República Islámica la autoridad última recae en el Líder Supremo. En este sistema, la doctrina del Velayat-e Faqih y el estamento clerical han asumido poderes que ninguna persona o grupo social había ejercido previamente, independientemente del consentimiento popular. Además, las élites del régimen han elevado a fuerzas de seguridad no directamente responsables ante las estructuras formales del Estado a centros principales de poder, situándolas por encima de las instituciones legítimas. Cuando se enfrenta a contestación, el régimen recurre a estos mecanismos para contener el descontento social. Como resultado, a diferencia de la concepción predominante del derecho en otras partes del mundo, en Irán opera más bien el “gobierno del poder” que el Estado de derecho. Los cargos electos permanecen bajo supervisión de autoridades designadas y el sistema jurídico funciona al servicio del poder.
La estructura administrativa iraní se divide en dos grandes grupos: cargos electos y cargos designados. El primer grupo incluye al presidente, el Parlamento (Asamblea Consultiva Islámica) y la Asamblea de Expertos, todos elegidos mediante el voto popular. Sin embargo, sus actuaciones están sometidas a la supervisión de instituciones formadas por autoridades designadas. El gabinete o Consejo de Ministros es nombrado por el presidente y debe ser aprobado por el Parlamento.
El segundo grupo está compuesto por instituciones que configuran y controlan el sistema mediante nombramientos. Entre ellas se encuentran el Líder Supremo, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Alto Consejo de Justicia, todos con una influencia decisiva en el gobierno del país.
Uno de los rasgos más distintivos del sistema iraní es su estructura de doble poder. Junto al Ministerio de Justicia existen los Tribunales Revolucionarios; junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Comité de Propaganda Exterior; junto a la policía nacional, la milicia Basij; y junto al ejército regular, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), también conocido como Pasdaran.
Por ejemplo, Irán mantiene embajadas en numerosos países. Además del personal diplomático, también están presentes representantes del Líder Supremo. Estos representantes religiosos pueden informar directamente al Líder sobre los funcionarios diplomáticos e incluso facilitar su destitución. No operan dentro de las embajadas, sino desde oficinas independientes, actuando en la práctica como órganos de supervisión de las misiones diplomáticas.
Instituciones clave del sistema político iraní
El concepto de Velayat-e Faqih, que significa literalmente la tutela del jurista islámico, hace referencia a la autoridad ejercida por un experto cualificado en derecho islámico. El Líder Supremo es la máxima autoridad política de Irán y es elegido por la Asamblea de Expertos para ejercer el cargo de por vida.
En la década de 1970, el ayatolá Khomeini sistematizó esta teoría en su obra Gobierno Islámico, defendiendo que el poder político debía recaer en los eruditos religiosos considerados herederos espirituales de los imanes. En la doctrina chiita duodecimana, la creencia en el Imamate constituye uno de los principios fundamentales de la religión. Según esta visión, la institución del Imamate, al igual que la profecía, está determinada por voluntad divina. El concepto de Velayat-e Faqih, basado en esta idea, quedó recogido en el artículo 5 de la Constitución iraní. De acuerdo con este artículo, durante la ocultación del Imán Mahdi, la dirección del Estado y el liderazgo de la sociedad corresponden a un jurista justo y piadoso, reconocido por la mayoría de la población, que posea valentía, prudencia y capacidad administrativa, y que haya alcanzado el grado de mujtahid, es decir, un erudito con capacidad de interpretación jurídica independiente.
*Publicado en la agencia de noticias ANF / Edición: Kurdistán América Latina