Por Rojin Mukriyan* – Ante el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, las autoridades iraníes han intensificado la represión interna. Aprovechando el conflicto, han consolidado un estado de excepción de facto en el que se han suspendido las garantías legales habituales, la transparencia judicial e incluso la libertad de movimiento.
Los observadores de derechos humanos advierten que la guerra actúa como un facilitador estructural, permitiendo al Estado acelerar una transformación legal y paramilitar que ya estaba en marcha.
Un bloqueo de internet de más de 60 días ha dejado incomunicados a unos 90 millones de personas en Irán, dificultando la documentación de los abusos e interrumpiendo las comunicaciones en todo el país. El bloqueo funciona como un instrumento de doble uso: protege a las fuerzas de seguridad del escrutinio internacional y, al mismo tiempo, actúa como un arma psicológica que profundiza el aislamiento y la desorientación. Los residentes describen una sensación generalizada de ansiedad causada no solo por los ataques aéreos, sino también por la imposibilidad de verificar la seguridad de sus familiares, acceder a las noticias o coordinar la logística básica.
El Estado ha ampliado el uso de arrestos, ejecuciones y vigilancia, y los grupos de derechos humanos advierten que la guerra ha dado a las autoridades un nuevo margen para actuar de forma más agresiva contra la disidencia.
Resulta alarmante que este patrón no sea ni espontáneo ni reactivo. Se basa en una ley de 2025 que amplió la definición de espionaje y aumentó las penas, y se nutre de un sistema judicial ya acostumbrado a los juicios políticos acelerados.
El jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejei, ha dado señales reiteradas de adoptar una postura más firme, instruyendo a los tribunales para que los casos que involucren a quienes son acusados de colaborar con “el enemigo” se tramiten al margen de los procedimientos legales habituales, con procesamientos y sentencias más rápidos. Sus directivas, en la práctica, desdibujan la distinción entre el Poder Judicial y el aparato de seguridad, transformando los tribunales revolucionarios en extensiones administrativas al servicio de la necesidad militar.
Ejecuciones y torturas
El uso de la pena de muerte ha aumentado drásticamente. Desde el inicio de la guerra de 2026, al menos 21 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad. Entre ellas, nueve estaban vinculadas a las protestas de enero, diez fueron acusadas de pertenecer a grupos de oposición y dos fueron acusadas de espionaje.
Organizaciones de derechos humanos afirman que muchos de los ejecutados fueron sometidos a tortura antes del juicio. Según los informes, al menos 13 hombres fueron golpeados, azotados, mantenidos en aislamiento prolongado y amenazados a punta de pistola antes de ser condenados en juicios que duraron apenas unas horas y se basaron en confesiones forzadas.
Las ejecuciones de Amirhossein Hatami, de 18 años, y Saleh Mohammadi, de 19, ponen de manifiesto que la edad no es un impedimento para los procesos acelerados. Amnistía Internacional afirma que las autoridades recurren cada vez más a las ejecuciones para sembrar el miedo y evitar nuevas protestas.
Detenciones masivas y desapariciones
También se han disparado las detenciones arbitrarias. Ahmadreza Radan, jefe de la policía iraní, confirmó que 1800 personas han sido arrestadas en lo que describió como una represión contra “elementos hostiles, espionaje y actores subversivos”.
Sin embargo, datos recientes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indican que las cifras son mucho mayores. Según el informe, desde el inicio de la guerra, más de 4000 personas han sido detenidas bajo cargos relacionados con la “seguridad nacional”. Decenas de detenidos, entre ellos la reconocida abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, han sido trasladados a lugares desconocidos sin que se haya informado a sus familias.
Las acusaciones revelan cómo el Estado está instrumentalizando la conectividad. Se han producido detenciones por poseer equipos de Starlink, compartir contenido con medios de comunicación extranjeros, filmar en zonas de ataque y transmitir coordenadas de lugares sensibles.
En Mashhad, según informes, las fuerzas de seguridad allanaron cafés y utilizaron módems portátiles para conectar los teléfonos de las personas a internet, lo que les permitió inspeccionar su actividad en las redes sociales. En las calles y en los puestos de control, las fuerzas detienen a personas para registrar sus dispositivos en busca de fotos o videos de ataques.
Raha Bahreini, abogada de derechos humanos e investigadora sobre Irán en Amnistía Internacional, declaró a The Amargi que es probable que el número real de personas en riesgo sea mucho mayor. “Las autoridades advierten sistemáticamente a las familias que no denuncien”, afirmó.
El prolongado bloqueo de internet, impuesto el 28 de febrero de 2026, ha dificultado la investigación de abusos. Bahreini afirmó que esto ha “obstaculizado gravemente las investigaciones de violaciones graves, incluidos casos de pena de muerte”.
El entorno físico se ha militarizado paralelamente. La fuerza paramilitar Basij ha establecido puestos de control en las principales ciudades y rutas interurbanas, y se informa que la edad mínima para ser voluntario se ha reducido a 12 años de edad debido a la escasez de personal.
En Teherán, los residentes denuncian que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y Basij despliegan vehículos pesados, motocicletas y equipo militar en las inmediaciones de los complejos de apartamentos, convirtiendo de facto los barrios residenciales en zonas de seguridad. Las patrullas armadas operan ahora de forma permanente en la rutina diaria, y se han reportado casos de mujeres armadas entre las fuerzas Basij. Lejos de reforzar la seguridad, el resultado es un clima de miedo, extorsión y violencia sistemática en los puestos de control.
Un indicador particularmente claro del alcance de la represión es la persecución de los trabajadores sanitarios. Una lista presentada al Relator Especial de la ONU el 16 de febrero documentaba a más de 100 profesionales sanitarios detenidos, entre ellos médicos, enfermeros, farmacéuticos y estudiantes de medicina.
Algunos enfrentan cargos como “declarar la guerra a Dios” por atender a manifestantes heridos. Otros fueron arrestados por resistirse a las fuerzas de seguridad que intentaron impedir la entrada de los heridos a los hospitales. La criminalización de la neutralidad médica indica que el Estado considera los actos humanitarios como insurgencia, difuminando la distinción entre atención médica y complicidad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las condiciones carcelarias también se están deteriorando rápidamente. Los detenidos sufren hacinamiento, escasez de alimentos y medicamentos, y se les niega atención médica.
Las autoridades han ampliado el significado de “seguridad nacional” para incluir una amplia gama de actividades. El portavoz del Poder Judicial, Asghar Jahangir, advirtió recientemente que la cooperación con “gobiernos hostiles” como Israel o Estados Unidos podría acarrear la ejecución y la confiscación de bienes en virtud de la nueva legislación.
La represión también se ha extendido más allá de las fronteras de Irán. Las autoridades han confiscado los bienes de unas 675 personas, entre ellas 400 iraníes residentes en el extranjero, como periodistas, atletas y figuras públicas, acusándolos de apoyar ataques extranjeros. Un nuevo sistema de seguimiento financiero, conocido como “Sahm”, permite a los tribunales identificar y confiscar activos en todo el país.
Un Estado más militarizado
Según los analistas, la actual ola de represión se basa en patrones anteriores, pero se ha intensificado. Nahid Naghshbandi, activista independiente de derechos humanos, declaró a The Amargi que “las autoridades iraníes llevan mucho tiempo utilizando la pena de muerte para infundir miedo. Pero durante los períodos de conflicto, la emplean con mayor agresividad para reprimir la disidencia”.
Añadió que la guerra ha permitido al gobierno ampliar sus poderes. “Nos enfrentamos a un gobierno más militarizado y despiadado que antes”, dijo.
La represión en Irán no es nueva. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos afirman que la situación actual marca una peligrosa escalada, no solo en magnitud, sino también en su forma institucional. Como señaló Bahreini, las autoridades están utilizando el conflicto “para disuadir cualquier movilización adicional por parte de quienes exigen un cambio fundamental”.
*Publicado en The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina