Por Mahir Mahir Firat Fidan* – El 10 de junio de 2014, el Estado Islámico (ISIS o Daesh) tomó Mosul, avanzó hacia el norte y puso como objetivo existencial a Sinjar (Shengal) y a su población yazidí. El Estado Islámico ordenó a sus combatientes que “convirtieran” o “eliminaran” a la comunidad. Los yazidíes estaban indefensos.
Los yazidíes y su fe milenaria han sufrido persecución, discriminación y amenazas existenciales reiteradas a lo largo de la historia. Y el ataque de ISIS contra Sinjar en 2014 fue una campaña sistemática de aniquilación.
La vulnerabilidad de los yazidíes iba más allá del desequilibrio militar. La región contaba con instituciones estatales débiles, una coordinación de seguridad local fragmentada e intensas rivalidades políticas y militares. Cuando se produjo el ataque, el desplazamiento forzado fue la única opción para la mayoría. Doce años después, aproximadamente 200.000 yazidíes siguen desplazados, y las perspectivas de regresar a Sinjar son precarias. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNDH) como la UNITAD han establecido inequívocamente que estos actos constituyeron genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Considerar el genocidio yazidí, también conocido como el 74º Ferman, únicamente como un crimen de guerra deja mucho sin decir. La destrucción desmanteló los cimientos mismos de una comunidad, destrozó cualquier atisbo de confianza en el futuro y sus repercusiones perduran hasta nuestros días.
¿Cómo comenzó, entonces, la catástrofe para los yazidíes?
Violencia sistemática
Durante la espiral de violencia del genocidio yazidí, hombres y ancianas fueron ejecutados en el acto, mientras que jóvenes y niños fueron sistemáticamente separados y secuestrados. La brutalidad sistemática del ISIS continuó durante todo el período en que controló partes del noreste de Siria. Los miembros del ISIS sometieron a mujeres y niñas yazidíes a la esclavitud, la tortura, tratos inhumanos, el asesinato, la violación y la esclavitud sexual como parte de su campaña de genocidio.
La documentación de la ONU ha establecido que la violencia sexual dirigida contra mujeres y niñas jóvenes no fue un subproducto de la guerra, sino un componente deliberado de una estrategia de destrucción. El informe de la ONU de 2016 señaló que ISIS había catalogado a los yazidíes como una comunidad que debía ser “convertida” o “eliminada”, lo que convertía el ataque en un plan ideológico y deliberado de exterminio y no simplemente en una operación militar. Esta caracterización serviría posteriormente de base para investigaciones nacionales y procesos judiciales.
¿Justicia o impunidad?
El 21 de enero de 2026, en medio de la creciente actividad militar en Siria, se inició un nuevo capítulo en la región cuando el Ejército Árabe Sirio (EAS) lanzó ataques contra zonas bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos. Ante la escalada del conflicto, Estados Unidos trasladó a Irak a 5704 personas vinculadas a ISIS, que se encontraban recluidas en campos de detención custodiados por las FDS.
Estas personas, de las cuales solo 467 eran de nacionalidad iraquí, fueron distribuidas entre las prisiones de Nasiriyah y Karkh. Poco después, el Consejo Judicial Supremo iraquí declaró que se iniciarían de inmediato los procedimientos judiciales y legales correspondientes contra los acusados, de conformidad con la ley iraquí.
Estos acontecimientos desencadenaron años de pérdidas y traumas sin resolver, arraigados en el genocidio yazidí, y muchos volvieron a criticar la injusticia continua de que los perpetradores del ISIS no rindan cuentas ante la ley.
El profesor Dr. Jan Ilhan Kizilhan, psicólogo y psicoterapeuta yazidí, afirmó que el traslado de miles de miembros de ISIS a Irak no es simplemente un paso administrativo, sino un momento de ajuste de cuentas histórico: “La pregunta fundamental es la siguiente: ¿se examinará lo ocurrido entre 2014 y 2019 por lo que realmente fue? Lo que ocurrió durante esos años fue genocidio, crímenes de lesa humanidad y un proceso sistemático de deshumanización. ¿O acaso estos actos se reducirán una vez más a la estrecha categoría legal de pertenencia a una organización terrorista y se dejarán de lado discretamente?”.
Kizilhan nació en Batman, en el Kurdistán turco, en 1966. Emigró a Alemania con su familia, estudió psicología y sociología, y continuó su formación académica en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Ha dedicado su carrera al estudio del trauma transcultural y actualmente dirige el Instituto de Investigación en Salud Transcultural (Institut für Transkulturelle Gesundheitsforschung).
En 2015, trabajó como psicólogo jefe en un programa especial llevado a cabo en el Estado alemán de Baden-Württemberg, donde evaluó a aproximadamente 1400 mujeres y niños yazidíes que habían sobrevivido a los ataques de ISIS, y evaluó e identificó personalmente a aquellos que necesitaban un tratamiento avanzado y gestionó su traslado a Alemania para recibir atención médica.
Respecto a la posibilidad de que los juicios en Irak se lleven a cabo principalmente en el marco del terrorismo, fue franco: “Las categorías legales no son neutrales; moldean la memoria. Cuando una persona es condenada únicamente por pertenecer a una organización terrorista, los delitos concretos (violación, esclavitud, destrucción de la identidad religiosa) desaparecen tras una etiqueta abstracta. Para las víctimas, esto equivale a negar su sufrimiento”.
A su vez, argumentó que esta categorización “no es solo un problema legal, sino también moral”, que, según la forma de enjuiciamiento y etiquetado, aborda adecuadamente el sufrimiento de las víctimas o las convierte en víctimas genéricas, minimizando su sufrimiento y presentándolo como consecuencia del tiempo y el lugar. “Existe una profunda diferencia entre un Estado que dice: ‘Ustedes son víctimas del terrorismo’, y un Estado que dice: ‘Fueron atacados por ser yazidíes’. Solo esto último les devuelve su dignidad”, afirmó Kizilhan.
La búsqueda de justicia en Europa
Europa se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para la búsqueda de justicia por el genocidio yazidí. Esto se debe, en parte, a que muchos países europeos pueden invocar la jurisdicción universal o mecanismos legales similares para crímenes internacionales, y en parte a que los sospechosos han estado presentes en territorio europeo.
La Red de Enjuiciamiento de Genocidios, coordinada por Eurojust, estableció un marco para compartir información, formar equipos de investigación conjuntos y utilizar pruebas en todos los Estados miembros. En noviembre de 2024, la red lanzó una base de datos consultable con jurisprudencia seleccionada.
Basándose en su experiencia como perito en tribunales europeos, Kizilhan insistió en que “los procesos judiciales no deben limitarse a establecer la culpabilidad; deben desvelar toda la estructura del delito”, lo que incluye responder preguntas sobre la identidad de los autores, los organizadores y los planificadores, así como “¿quién proporcionó la justificación ideológica? ¿Qué estructuras existían detrás de ellos? ¿Qué delitos específicos se cometieron contra qué grupos?”.
Entre las jurisdicciones europeas, Alemania se destacó rápidamente como un importante centro de rendición de cuentas. El 10 de abril de 2024, la Fiscalía Federal Alemana anunció la detención de dos ciudadanos iraquíes sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Tres años antes, los procesos judiciales alemanes ya habían arrojado resultados históricos. En un veredicto de 2021 en Fráncfort, Taha Al-J., miembro del ISIS, fue condenado a cadena perpetua el 30 de noviembre, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en ser condenada por genocidio contra los yazidíes. Al año siguiente, un tribunal de apelaciones ratificó dicho veredicto. Y el 19 de enero de 2023, el Bundestag alemán aprobó por unanimidad una resolución que reconocía los crímenes cometidos por el ISIS contra los yazidíes como genocidio, un acto significativo de reconocimiento legal y político en términos de legitimidad social e institucional.
Kizilhan señaló que, en lugar de limitarse a juzgar actos individuales, los tribunales de toda Europa también han examinado el sistema, la ideología y la intención de destruir a un pueblo en su conjunto. “El veredicto de Frankfurt de 2021 dejó claro lo decisivo que puede ser este enfoque. No fue simplemente una condena; fue un documento que aclaró lo sucedido”. Añadió que la Fiscalía Federal Alemana también ha ofrecido a Irak su ayuda en los próximos juicios contra los 5704 detenidos del ISIS trasladados. Sin embargo, Bagdad aún no ha respondido a la oferta.
2500 yazidíes siguen desaparecidos
Dada la cantidad de datos contradictorios e incompletos, reducir la magnitud del genocidio yazidí a una cifra definitiva es prácticamente imposible. Las instituciones que han investigado estas cifras utilizan diferentes métodos para contabilizar a los muertos y desaparecidos. Sin embargo, el panorama general que se desprende de estos diversos enfoques es desolador: miles fueron asesinados, miles más fueron secuestrados y decenas de miles quedaron sin hogar. En sus actualizaciones de 2024-2025, los mecanismos de la ONU y sus organismos asociados señalaron que aproximadamente 2500 yazidíes siguen desaparecidos.
Un informe de 2016 de la UNAMI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró que 308.315 personas, en su mayoría yazidíes, se vieron obligadas a huir de la región tras el ataque a Sinjar. Asimismo, señaló que aproximadamente 360.000 yazidíes seguían viviendo desplazados.
En este contexto, la justicia se convierte en un imperativo de múltiples niveles. Respecto a la tendencia de los procedimientos iraquíes a presentar los crímenes como asuntos de terrorismo, Kizilhan, quien interpretó esto como “hacer que las víctimas sientan que su sufrimiento está siendo negado una vez más”, dijo: “El concepto de terrorismo describe la violencia, pero no capta la esencia de lo que se les hizo a los yazidíes. Los crímenes cometidos tenían una intención inequívoca: la destrucción total de una comunidad como tal. Cuando la violación, la esclavitud, la conversión forzada, el secuestro de niños y las matanzas en masa se tratan simplemente como efectos secundarios del terrorismo, se borra el significado particular que conllevan estos crímenes. Las víctimas se vuelven invisibles, eclipsadas por un concepto abstracto de seguridad. Para muchos supervivientes, esto es fuente de una profunda angustia”.
La caracterización de los ataques contra los yazidíes como genocidio fue fundamental no solo para la forma en que se recuerdan estos hechos, sino también para el desarrollo del derecho internacional, allanando el camino para el reconocimiento del genocidio en múltiples disciplinas. En su evaluación de 2024, la Comisión de Investigación sobre Siria de ACNUDH reiteró que el ataque del 3 de agosto de 2014 marcó el inicio del genocidio contra los yazidíes.
Para estas investigaciones, uno de los mecanismos más importantes del derecho internacional fue la UNITAD. Establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU el 21 de septiembre de 2017, el mandato internacional fundamental de la UNITAD era recopilar pruebas de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por el ISIS en Irak, y garantizar que estas pruebas pudieran utilizarse en procedimientos judiciales.
A lo largo de sus operaciones, UNITAD llevó a cabo un extenso trabajo de campo, reuniendo un archivo de 52 terabytes que incluía testimonios de víctimas y testigos, datos digitales y pruebas de fosas comunes. Sin embargo, salvo contadas excepciones (juicios celebrados en Europa), estas pruebas nunca fueron utilizadas por ningún tribunal.
UNITAD, que había colaborado estrechamente con el gobierno iraquí, concluyó sus operaciones el 17 de septiembre de 2024. Posteriormente, Irak promulgó una ley de amnistía general que beneficiará a más de 90.000 personas, incluidas algunas condenadas por pertenecer al ISIS. Esta situación generó mayor preocupación por la impunidad.
“Con la finalización de su mandato en 2024, existe un considerable conjunto de pruebas que confirman el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Si este trabajo no se preserva y se hace accesible, podría empezar a repetirse un patrón conocido: primero el crimen, luego el silencio y después la negación”, declaró Kizilhan.
Para Kizilhan, el silencio y la negación van más allá de la mera injusticia y probablemente significarían que los efectos del genocidio persistirían: “La lucha por el reconocimiento es siempre, simultáneamente, una lucha contra el olvido. En este contexto, es fundamental enunciar claramente un principio: la negación es el comienzo del genocidio; la autonegación puede ser su etapa final”.
“La justicia no se limita a los veredictos judiciales”
El genocidio yazidí ya no puede negarse ni tratarse como un incidente aislado, desconectado del contexto general de los acontecimientos. Los mecanismos de la ONU, la UNITAD, las sentencias de los tribunales europeos, las instituciones políticas y las declaraciones de las organizaciones de derechos humanos confirman que lo ocurrido fue un genocidio; que los crímenes se cometieron sistemáticamente y con la intención de destruir; y que los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y la protección siguen vigentes.
A pesar del peso de las conclusiones y resoluciones recopiladas desde tantas fuentes diferentes, el traslado de los procedimientos a los tribunales iraquíes y su reducción al marco del “terrorismo” hace que la cuestión de cómo se hará justicia sea aún más acuciante.
Kizilhan reiteró que para los yazidíes lo importante es que la ley haga justicia a los perpetradores, pero enfatizó que “la justicia no se limita a los veredictos judiciales. Requiere un enfoque integral que abarque las dimensiones legales, sociales y psicológicas. La justicia también exige participación: las víctimas, especialmente las mujeres, los niños y las familias de los desaparecidos, deben ser parte integral de cada etapa del proceso. Sus voces deben ser escuchadas en cada paso. Justicia no significa solo el castigo de los perpetradores”.
Para los yazidíes, que la justicia debe trascender las sentencias judiciales y comprenderse en su totalidad no es una cuestión filosófica, sino una necesidad vital, para reconocer su existencia y su dolor, y permitirles decir: “Nuestra historia ha sido reconocida, nuestro dolor ha sido llamado por su nombre y nuestro futuro ahora es posible”.
Mientras los crímenes queden impunes, los desaparecidos permanezcan sin ser encontrados, el trauma de los supervivientes no se cure, no se establezcan las condiciones para una vida segura y los procesos judiciales en Europa carezcan de apoyo, este capítulo no puede considerarse cerrado.
*Publicado en The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina