Por Agencia de Noticias ANHA* – La cuestión de la propiedad de la tierra kurda se ha convertido en un tema clave en el proceso de integración en Siria, ya que las condiciones de los afectados por el “censo excepcional” y el “proyecto del cinturón árabe” se están discutiendo en las reuniones de los comités de integración vinculados al acuerdo del 29 de enero. Las fuentes consultadas indicaron que la restauración de los derechos se considera parte de los acuerdos en curso, mientras que aún no se ha determinado el organismo o mecanismo oficial responsable de manejar estas demandas.
Fuentes consultadas por la ANHA que los comités conjuntos de integración encargados de hacer un seguimiento de la implementación del acuerdo entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la autoridad del gobierno interino han celebrado una serie de reuniones en las últimas semanas dedicadas a discutir temas relacionados con los derechos vinculados a la restauración de la propiedad y la reparación para los kurdos, en particular las repercusiones del plan del cinturón árabe y las políticas derivadas del censo excepcional de 1962.
Según las fuentes, las reuniones discuten los mecanismos para abolir las consecuencias legales y administrativas del proyecto del cinturón árabe, que se implementó durante la década de 1970 en áreas del norte y noreste de Siria. El proyecto resultó en la confiscación de vastas tierras agrícolas y políticas demográficas de reasentamiento desiguales. Las discusiones también se centraron en formas de restaurar las tierras confiscadas a sus propietarios originales o proporcionar una compensación justa a través de mecanismos legales que se están redactando actualmente.
Las fuentes enfatizaron que todas las partes participantes acordaron que la cuestión de los derechos y la propiedad debe abordarse dentro de un marco legal y administrativo claro. Sin embargo, las discusiones no se han resuelto sobre la estructura final del organismo que recibirá las solicitudes o el mecanismo a través del cual los documentos de propiedad y las pruebas de daños serán presentados por los afectados.
En este contexto, la autoridad pertinente dentro del gobierno interino de Siria habría aclarado durante las reuniones que la restauración de los derechos requeriría que los ciudadanos kurdos presentaran solicitudes oficiales individuales junto con prueba de propiedad o evidencia de daños ocurridos. También pidió a los comités de integración afiliados a las FDS y la Administración Autónoma (AADNES) que guíen a los ciudadanos a través de los procedimientos requeridos para organizar el proceso gradualmente.
La información disponible indica que esta dirección abre efectivamente la puerta para que los ciudadanos kurdos afectados presenten solicitudes para recuperar sus propiedades o documentar sus derechos legales, en medio de discusiones en curso entre las partes sobre el marco ejecutivo que se adoptará para abordar estos archivos.
También se afirmó el reconocimiento de las diversas comunidades de Siria en el marco de la identidad nacional y se describió abordar las consecuencias del censo excepcional como un paso hacia la corrección de las condiciones legales que se habían acumulado durante décadas. Sin embargo, según los observadores, el decreto se limitaba a abordar la cuestión de la ciudadanía y no abordaba directamente la cuestión de la restauración de las propiedades confiscadas o la compensación financiera por daños anteriores.
Mientras tanto, las partes involucradas en las discusiones del comité de integración sostienen que el propósito de abrir este expediente es llegar a un acuerdo legal gradual que preserve los derechos de todas las partes y sienta las bases para una nueva fase de estabilidad legal y social a través de mecanismos claros para presentar solicitudes, documentar la propiedad y resolver disputas dentro de los marcos institucionales.
Mientras continúan las discusiones sobre los detalles ejecutivos, la apertura de solicitudes se considera como un primer paso para abordar una de las cuestiones más complejas dentro del expediente de derechos kurdos en Siria, ya que la atención se centra en los resultados de las próximas reuniones que se espera que determinen el mecanismo legal final para la implementación.
¿Qué han exigido los kurdos desde el lanzamiento del proyecto hasta hoy tras la caída del régimen baazista?
Desde la caída del régimen partido Baaz a finales de 2024, las demandas kurdas han incluido abolir legal y administrativamente las consecuencias del proyecto del cinturón árabe; devolver las tierras confiscadas a sus propietarios originales o compensarlos de manera justa; resolver el problema de los colonos ghamr de una manera que no cree nuevas injusticias a través de una solución justa y sin represalias; restaurar el reconocimiento de la historia demográfica genuina de la región; garantizar los derechos nacionales kurdos en la nueva Constitución siria; reconocer el idioma y la identidad kurda como un socio fundamental en Siria; y adoptar un sistema de gobierno que garantice la descentralización o una forma de autoadministración que preserve los derechos de todas las comunidades.
¿Qué es el proyecto del cinturón árabe?
El plan del cinturón árabe se considera uno de los proyectos político-demográficos más destacados implementados en Siria durante la década de 1970, como parte de las políticas estatales en las regiones del norte y noreste, particularmente a lo largo de la franja fronteriza con Turquía. En la literatura política y de derechos humanos, el proyecto está asociado con intentos de remodelar la estructura demográfica de áreas de mayoría históricamente kurda a través de cambios radicales en los patrones de propiedad de la tierra y asentamiento.
Según relatos y descripciones históricas, el proyecto se basó en el establecimiento de un cinturón poblado por árabes a lo largo de la frontera norte mediante el asentamiento de familias en aldeas y áreas con mayorías kurdas, junto con medidas dirigidas a las propiedades agrícolas de los residentes locales y la restricción de su expansión urbana y económica.
Estas políticas se implementaron principalmente entre 1973 y 1976, durante el gobierno del entonces presidente Hafez al Asad, bajo la supervisión de las instituciones administrativas y de seguridad estatales.
El proyecto se llevó a cabo mediante la confiscación de vastas tierras agrícolas pertenecientes a los residentes locales y el establecimiento de nuevas aldeas conocidas más tarde como aldeas de ghamr, o “aldeas modelo”, además de la reubicación y el asentamiento de familias árabes de varias regiones, en particular Raqqa, Alepo y las áreas circundantes, al tiempo que les otorgaba tierras, vivienda y privilegios agrícolas.
Estas medidas también fueron acompañadas por restricciones al registro de propiedades y la expansión urbana en ciertas áreas de mayoría kurda.
Según los grupos kurdos, estas políticas condujeron a profundos cambios en la estructura demográfica y económica de la región, incluida la pérdida de tierras agrícolas y medios de vida para miles de familias kurdas, la creación de desequilibrios sociales como resultado del cambio demográfico y la acumulación de sentimientos de discriminación y marginación entre los residentes afectados, con las repercusiones de estas políticas que se extienden durante décadas después.
En el contexto político, los kurdos ven el cinturón árabe” como parte de una serie más amplia de políticas que también incluyeron medidas como el censo excepcional de 1962 en la provincia de Hasaka, que resultó en que miles de kurdos fueran privados de la ciudadanía siria.
Los kurdos creen que estas medidas establecieron colectivamente una realidad de marginación legal, social y económica en sus regiones.
¿Quiénes son los colonos ghamr?
En el norte y noreste de Siria, el término ghamr se refiere a las familias árabes que se establecieron en áreas de mayoría kurda, particularmente en la provincia de Hasaka, durante la era del partido Baaz. Los colonos fueron trasladados desde Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor y la zona rural de Alepo a través de proyectos de asentamiento y vivienda vinculados a lo que más tarde se conoció como el cinturón árabe.
En muchos casos, estas familias no se reubicaron únicamente por elección individual, sino más bien en el marco de las decisiones administrativas oficiales y los procedimientos estatales. De acuerdo con las políticas de la época, estas medidas tenían como objetivo fortalecer el control de seguridad sobre la franja fronteriza con Turquía y remodelar la estructura demográfica de las regiones estratégicamente y de agricultura sensibles.
Desde entonces, el tema ha seguido siendo objeto de una amplia controversia política y social entre las comunidades locales, en medio de advertencias de que podría alimentar un conflicto interno entre kurdos y árabes.
*Edición: Kurdistán América Latina