El 19 de diciembre de 2024, un vehículo aéreo no tripulado (UAV) turco mató a los periodistas Nazım Daştan y Cihan Bilgin cerca de la presa de Tishreen, en Rojava, al norte de Siria. Ha transcurrido un año y no se ha llevado a cabo ninguna investigación efectiva sobre el ataque ni se ha identificado a los responsables.
Los asesinatos de Nazim Daştan y Cihan Bilgin tuvieron lugar en un período en el que el equilibrio de poder estaba cambiando rápidamente tras el repentino colapso del régimen de Bashar al Asad.
Durante ese tiempo, grupos paramilitares afiliados al Ejército Nacional Sirio (ENS), apoyados y coordinados por Turquía, avanzaban hacia el norte y el este de Siria, con el objetivo de controlar la presa de Tishreen, ubicada en una línea de tránsito estratégica entre las ciudades de Manbij y Kobane.
Entre los periodistas que documentaron los sucesos de Tishreen se encontraban Nazım Daştan y Cihan Bilgin. Nazım era estudiante de cine y una fotógrafa galardonada, cuyo documental sobre las mujeres yazidíes se proyectó internacionalmente. Cihan empezó muy joven, vendiendo periódicos en las calles de Amed (Diyarbakir), antes de que la revolución de las mujeres kurdas y la lucha por Kobane la impulsaran a cubrir noticias sobre Rojava (Kurdistán sirio).
Ambos eran periodistas experimentados que llevaban años informando desde la región. El 19 de diciembre de 2024, cerca de la presa de Tishreen, murieron en un ataque perpetrado por un dron turco armado mientras viajaban en un vehículo claramente identificado como “Prensa”.
Admisión implícita del Estado turco
El asesinato de Nazim y Cihan provocó una reacción pública masiva. Numerosas instituciones, como colegios de abogados, organizaciones profesionales de prensa y grupos de derechos humanos, emitieron comunicados conjuntos. La exigencia central de todos estos comunicados dejaba poco margen de duda: realizar una investigación eficaz e independiente e identificar a los responsables.
Tras el incidente, si bien el Estado turco no emitió ningún comunicado oficial, figuras cercanas al gobierno admitieron implícitamente lo sucedido. Ahmet Hakan, columnista del periódico Hürriyet, conocido por su proximidad al gobierno, reconoció en su columna que Nazim y Cihan murieron en un ataque perpetrado por un dron armado (SİHA en turco) perteneciente a Turquía, aunque argumentó que no eran periodistas. Además, Hüseyin Yayman, diputado del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), comentó sobre la moción de investigación parlamentaria presentada por el Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), afirmando: “No es correcto hablar de la profesión de quienes ejercen el periodismo en nombre del PKK”.
Los ataques contra periodistas que salieron a las calles, junto con detenciones y arrestos, fueron un hecho más que señaló la participación del gobierno turco en los asesinatos.
Durante las protestas, decenas de periodistas fueron detenidos y siete de ellos fueron arrestados. Entre ellos se encontraba el periodista Hayri Tunç, quien ha declarado que, durante su detención y juicio, las acciones en memoria de Nazim Daştan y Cihan Bilgin se consideraron “propaganda de una organización terrorista”.
Sin embargo, Tunç no cedió a la presión: “Sabemos que los Estados aterrorizan a todo aquel que se les opone. Por eso, cuando afirmamos que Nazim y Cihan eran periodistas, nuestro objetivo no era solo defenderlos, sino también recordarles a todos que el periodismo no es monopolio del Estado”, declaró Tunç a The Amargi. Añadió que fueron absueltos un año después de la presentación del caso, y que Nazim y Cihan también figuraban oficialmente como periodistas en los registros estatales.
Obstrucción del derecho al entierro
Tras su muerte, las familias de Nazim y Cihan intentaron recuperar sus cuerpos. Sin embargo, el Estado turco impidió su regreso y les negó el derecho a ser enterrados en su lugar de nacimiento, a pesar de tener ciudadanía turca.
Inicialmente, se anunció que los cuerpos serían trasladados de Qamishlo a Nusaybin (Nisêbîn), en el distrito de Mardin (Mêrdîn), para ser entregados a las familias. Sin embargo, a pesar de todos los intentos, el gobierno no permitió que los cuerpos ingresaran a Turquía. Nazim y Cihan fueron finalmente enterrados en Rojava, en Qamishlo. En el aniversario de sus muertes, las familias esperan cruzar a Qamishlo para visitar sus tumbas.
14 periodistas en cinco años
Turquía ha atacado sistemáticamente a periodistas en la región del Kurdistán iraquí (Bashur) y Rojava. Desde 2019, los ataques turcos han causado la muerte de al menos 14 periodistas y herido a siete.
Este patrón sistemático fue visible con los ataques aéreos llevados a cabo en octubre de 2019 contra Ras al Ain (Serêkaniyê) y Tel Abyad (Girê Spî), en Rojava, donde fueron asesinados el periodista Vedat Erdemçi, el reportero de la agencia de noticias Hawar (ANHA), Saad Ahmed, el reportero de Çira Television (Çira TV), Muhammed Hüseyin Reşo, y el periodista Dilovan Gever.
En diciembre de 2024, los ataques se dirigieron directamente a vehículos que transportaban periodistas. En agosto, un ataque perpetrado en Slemani (Sulaymaniyah, en Bashur) causó la muerte de Hêro Behadîn y Gulistan Tara, mientras que otros seis periodistas resultaron heridos. A esto le siguió el asesinato de Nazim y Cihan. Un mes después, el 27 de enero de 2025, el periodista Aziz Köylüoğlu fue asesinado en Slemani en un ataque perpetrado por un dron turco.
Estos ataques, que tuvieron lugar en diferentes ciudades, en diferentes fechas y bajo diferentes circunstancias a lo largo de un período de cinco años, muestran que el periodismo en Kurdistán se ejerce bajo amenaza directa de muerte.
¿Qué dice la ley?
A pesar de años de ataques sistemáticos contra periodistas, aún no se ha llevado a cabo ninguna investigación efectiva sobre estos hechos. Y los actores políticos y militares responsables no han sido identificados ni llevados ante la justicia.
Según el abogado Rengin Ergül, miembro de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Democracia (MAF-DAD), esta situación no es sólo una elección política sino una clara violación del derecho internacional.
Ergül enfatizó que el estatus de Turquía como Estado no parte del Estatuto de Roma –es decir, como Estados que se adhieren a las normas y jurisdicción de la Corte Penal Internacional– no elimina su responsabilidad legal: “La definición de crímenes de guerra está claramente establecida en las Convenciones de Ginebra, y Turquía es parte de estas convenciones”.
Según Ergül, la caracterización jurídica de lo ocurrido en la presa de Tishreen es inequívoca: las presas están catalogadas como infraestructuras civiles según el derecho internacional y los periodistas son considerados civiles según las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.
Y, como destacó, el hecho de que los ataques se llevaran a cabo con vehículos aéreos no tripulados agrava aún más la responsabilidad: “En los ataques con drones, donde existe la posibilidad de monitorear el objetivo y abortar el ataque, no se puede justificar el ataque a civiles con ninguna defensa razonable”. Afirmó que esta es una razón importante para concluir que Nazim Daştan y Cihan Bilgin fueron atacados deliberadamente.
Otra dimensión de la responsabilidad legal es la obligación de investigar: Ergül señaló que, cuando ocurre una muerte, debe iniciarse una investigación efectiva, independientemente de la identidad del autor. Sin embargo, como señaló, ningún fiscal en Turquía ha tomado medidas con respecto al ataque en Tishreen. Y la presentación de demandas contra colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos que emitieron declaraciones sobre el ataque hace aún más visible la política de impunidad.
En cuanto a las vías de recurso internacionales, el panorama se ve condicionado más por los límites políticos que por el derecho. El hecho de que ni Turquía ni Siria sean parte del Estatuto de Roma bloquea en gran medida el camino hacia la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Ergül subrayó que esto no supone un callejón sin salida absoluto: “Recurriremos a las Naciones Unidas en relación con los crímenes de guerra cometidos por Turquía en el norte y el este de Siria, incluidos los cometidos contra Nazim y Cihan”. Añadió que esto puede llevar a que las Naciones Unidas emitan decisiones con consecuencias basadas en el derecho internacional humanitario.
Una de las iniciativas para documentar los crímenes cometidos por Turquía en el norte y este de Siria fue el Tribunal Popular de Rojava, establecido en Bélgica. A principios de año, durante audiencias de dos días, el Estado turco fue juzgado por sus operaciones transfronterizas en la región y sus ataques contra la población civil.
El tribunal determinó que Turquía había llevado a cabo ataques selectivos, en particular contra periodistas kurdos. El tribunal estableció que el Estado turco cometió delitos en las operaciones transfronterizas en las que Nazim y Cihan fueron asesinados.
FUENTE: Rengin Azizoglu / The Amargi / Traducción y edición: Kurdistán América Latina