Ayer se conoció que Mostafa Nili, abogado de Varisheh Moradi, una prisionera política kurda condenada a muerte por el Poder Judicial iraní, anunció la revocación de la sentencia de muerte de su defendida.
Según informes de prensa, la Sala 9 del Tribunal Supremo de Irán anuló la sentencia de muerte de Moradi debido a que el proceso judicial tuvo investigaciones incompletas. El caso ha sido devuelto a la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán para su reconsideración.
Nili escribió en su cuenta de la red social X que el Tribunal Supremo admitió la apelación debido a defectos en procedimiento contra Moradi. Afirmó que la sentencia fue anulada debido a investigaciones incompletas y a que no se informó adecuadamente a su defendida sobre el cargo que motivó la pena de muerte.
Varisheh (Warisha) Moradi, conocida como Ciwana Sine, integra la Sociedad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental (KJAR), en Sanandaj, ciudad de la provincia de Kurdistán. Fue arrestada por el Ministerio de Inteligencia el 1 de agosto de 2023 a la entrada de Sanandaj cuando regresaba de Kermanshah,donde había participado en actividades políticas.
Moradi pasó los primeros 13 días de su arresto en el centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, y luego fue trasladada al pabellón 209 de la prisión de Evin, en Teherán.
Durante este período, fue sometida a presiones y amenazas para que hiciera confesiones forzadas. El 26 de diciembre de 2023, después de cinco meses de aislamiento, fue trasladada al pabellón de mujeres de la prisión de Evin.
El 10 de octubre de 2024, coincidiendo con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, Moradi inició una huelga de hambre de veinte días en la prisión de Evin para protestar contra la imposición y ejecución de penas de muerte por parte de la República Islámica de Irán.
Debido a complicaciones digestivas tras la huelga de hambre, fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión y regresó después de pasar una noche bajo atención.
La condena a pena de muerte en su contra, dictada por el juez Abolghassem Salavati, se celebró tras dos audiencias judiciales, el 16 de junio y el 5 de octubre de 2024, y la sentencia de muerte fue notificada formalmente a los abogados de Moradi el 10 de noviembre del mismo año.
Durante las audiencias, el juez prohibió a sus abogados presentar una defensa de la integrante de la KJAR. Además, a los abogados, a quienes previamente se les había impedido revisar el expediente del caso, sólo se les brindó unas pocas horas para revisar el caso después de la segunda audiencia.
La sentencia a muerte de Moradi contradice una acusación anterior que se refería al artículo 288 del Código Penal Islámico, que prevé una pena máxima de quince años de prisión. Sin embargo, en una sentencia ilegal, el juez Salavati citó el artículo 287, que permite la imposición de la pena de muerte en casos de personas involucradas en una “rebelión armada” contra la República Islámica.
Además, en octubre de 2024, Moradi y varias otras prisioneras políticas del pabellón de mujeres de Evin, fueron condenadas a seis meses de prisión por el Segundo Tribunal Penal del Complejo Judicial Qods, en Teherán, presidido por el juez Abolfazl Ameri, por cargos de “alteración del orden penitenciario”.
El caso de Moradi fue remitido a la Sección 9 de la Corte Suprema y actualmente está bajo revisión luego de su apelación contra la sentencia de muerte.
En la actualidad, a Moradi se le niega el acceso a atención médica vital a pesar de padecer graves problemas de salud, entre ellos una hernia de disco cervical y estenosis del canal espinal.
En marzo de 2024, Moradi fue examinada por un neurólogo. Tanto el especialista como el equipo médico de la prisión de Evin recomendaron una cirugía inmediata. Sin embargo, las autoridades penitenciarias se niegan a permitir su traslado a un hospital. Desde entonces, su estado ha empeorado, provocando entumecimiento y dolor crónico en la mano derecha.
La presa política también desarrolló problemas gastrointestinales tras la huelga de hambre, por la cual no recibió atención médica durante varios meses. Solo tras la creciente presión de organizaciones internacionales de derechos humanos, fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión para su examen y tratamiento hace unos dos meses.
El caso de Moradi, como el de otras presas políticas en Irán, tuvo un fuerte respaldo internacional de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que, hasta el día de hoy, llevan adelante campañas de solidaridad con las detenidas por el régimen iraní.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina