Por Nazim Tural* – La nueva Constitución provisional de Siria, que entró en vigor el 16 de marzo de 2025, creó un régimen presidencial, unificó todos los poderes en manos del mandatario interino Ahmed alSharaa y no introdujo las disposiciones necesarias para el reconocimiento de las minorías.
Resumen de la Declaración Constitucional
La Constitución provisional de Siria, conocida como “Declaración Constitucional”, establece un marco transitorio de cinco años, avalado por Al Sharaa. La declaración otorga explícitamente amplios poderes al presidente sirio durante ese período, sin ningún tipo de control ni contrapeso. El mandatario ostenta el Poder Ejecutivo como jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nombra a uno o más vicepresidentes, a su gabinete y a los embajadores, y también dirige la Oficina de Seguridad Nacional (OSN).
Además, nombra un comité que elegirá a dos tercios de la Asamblea Popular, el Parlamento sirio. Designa directamente al tercio restante. Si bien se declara la independencia del Poder Judicial, los siete miembros del Tribunal Constitucional Supremo (TCS), la máxima instancia judicial del país, serán nombrados por el presidente. El antiguo TCS queda abolido. La declaración tampoco menciona la duración del mandato de los jueces, un aspecto esencial para la independencia judicial(1).
La declaración consagra una impresionante lista de derechos humanos, incluyendo la diversidad cultural y religiosa, el derecho de la mujer a la educación y al trabajo, y la libertad de expresión, así como todos los derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Árabe Siria. Sin embargo, muchos de estos derechos no se ajustan a otras disposiciones de la declaración. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado por motivos religiosos y el derecho a la libertad de creencias son incompatibles con las disposiciones que exigen que el presidente sea musulmán y que la jurisprudencia islámica sea la principal fuente de legislación. Estas disposiciones favorecen al islam y priorizan específicamente las religiones abrahámicas, es decir, el islam, el cristianismo y el judaísmo, en lugar de brindar protección a todas las creencias y prácticas religiosas.
La declaración subraya la necesidad de preservar la unidad e integridad de Siria, su territorio y su pueblo. Criminaliza los llamamientos a la división y la secesión, así como las solicitudes de intervención extranjera o apoyo externo. El artículo 1 establece además que Siria es una unidad geográfica y política indivisible. La interpretación de estas disposiciones constitucionales deja claro que el enfoque tradicional del Estado centralista y unitario no permite ningún debate sobre la posibilidad de cualquier forma de autonomía o reparto del poder(2).
La declaración desde la perspectiva de las minorías
Como se desprende del resumen anterior, el período de transición está codificado en la Declaración Constitucional, pero la situación jurídica de las minorías en Siria sigue sin estar resuelta. Esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro y los derechos de las minorías. En otras palabras, si bien el presidente interino Al Sharaa se comprometió a proteger a las minorías, la Constitución declarada y el marco jurídico vigente han recibido serias críticas por no ofrecer protecciones claras, aplicables y prácticas para las minorías religiosas y étnicas.
Además, la Declaración Constitucional establece un Estado centralizado bajo el nombre de República Árabe Siria, reconoce la ley islámica como principal fuente legislativa y declara el árabe como idioma oficial del país. Asimismo, estipula que el presidente debe ser musulmán. Estas líneas demuestran que la declaración ha adoptado el islam como pilar fundamental de la Constitución provisional. En la historia de Siria, el predominio de la identidad árabe y del islam en la Constitución ha servido para fortalecer el poder de la élite gobernante, a la vez que ha generado importantes tensiones sociales, sectarias y políticas.
En consecuencia, este marco constitucional ha suscitado gran preocupación respecto a los derechos y la seguridad de las minorías religiosas, como los cristianos, los alauitas y los drusos, así como de las minorías étnicas, como los kurdos, debido a la falta de protecciones explícitas y al no reconocimiento de las identidades étnicas no árabes. Además, a pesar de las promesas de inclusión del presidente, las minorías religiosas siguen sufriendo ataques selectivos, incluidos asaltos a iglesias cristianas y actos de violencia en represalia contra los alauitas.
Mientras tanto, a partir de marzo de 2026, las autoridades de Damasco, bajo el nuevo gobierno islamista, impusieron estrictas prohibiciones a la venta y el consumo de alcohol en restaurantes y bares. Como excepción, la venta de alcohol se limita a botellas selladas para llevar en barrios específicos, predominantemente cristianos.
Las minorías luchan por el reconocimiento
Los grupos minoritarios en Siria, incluidos kurdos, drusos, alauitas y cristianos, han comenzado a exigir activamente el reconocimiento formal de sus identidades, derechos y representación dentro de una nueva estructura estatal descentralizada. En mayo de 2026, varios medios de comunicación internacionales informaron que, debido a la incertidumbre constitucional, el período de transición estuvo marcado por negociaciones políticas y conflictos entre el gobierno y las minorías que buscaban reconocimiento. El panorama político sigue siendo muy volátil, ya que estas minorías se enfrentan a un futuro incierto bajo el nuevo gobierno de transición islamista dominante.
Tras las elevadas expectativas que se convirtieron en decepción durante este período, los líderes políticos y militares kurdos entablaron negociaciones con los gobiernos centrales de todo Medio Oriente para lograr el reconocimiento constitucional de su identidad, idioma, derechos culturales y autonomía regional. En enero de 2026, tras intensos enfrentamientos, el Al Sharaa anunció un decreto que reconocía el kurdo como idioma nacional y restituía la ciudadanía a los kurdos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, el idioma kurdo sigue enfrentando dificultades en las instituciones públicas y la educación. Las autoridades de Damasco lo han clasificado como idioma extranjero. Esto significa que, en algunas regiones, se espera que los estudiantes kurdos aprendan primero materias básicas, como matemáticas y ciencias, en árabe, en lugar de utilizar el kurdo como idioma principal de instrucción. Este enfoque, tras la declaración del árabe como idioma oficial, mantiene el estatus legal del kurdo restringido a un término abstracto de “idioma nacional”. En consecuencia, no existe igualdad oficial con el árabe en los asuntos públicos, ni siquiera en la educación de los estudiantes kurdos, o en las regiones con una población mayoritariamente kurda(3).
A principios de mayo, el Ministerio de Justicia sirio retiró la placa con el nombre en kurdo del Palacio de Justicia en la ciudad kurda de Hasaka y la sustituyó por una bilingüe (árabe e inglés). Esta intervención provocó una gran indignación pública y protestas en toda la región. Grupos defensores de los derechos kurdos argumentaron que su idioma es una parte fundamental de la identidad autóctona de Siria y no una imposición extranjera. En resumen, los conflictos sobre el estatus del idioma kurdo en las instituciones públicas y la educación persisten y siguen sin resolverse.
Los alauitas, la minoría dominante bajo el régimen de la familia Al Asad, han sido blanco de violencia y ataques de represalia por parte de grupos armados y grupos militantes informales que actúan en nombre del nuevo liderazgo tras la caída de Bashar al Asad. Según cifras proporcionadas por la ONU, las masacres han causado la muerte de más de 1400 civiles alauitas, y decenas de miles se han visto obligados a huir de sus hogares. Expertos en derechos humanos de la ONU subrayaron que podrían haberse cometido crímenes de guerra en zonas de Siria con mayoría alauita durante una ola de violencia mortal a principios de este año. Tras perder su estatus anterior, los alauitas sufren inseguridad y privaciones económicas. Muchos en la región costera temen represalias y buscan un lugar seguro dentro del nuevo marco político(4).
La comunidad drusa del sur de Siria, especialmente en Suwayda, ha desarrollado un alto grado de autonomía local y actúa como zona de amortiguación cerca de la frontera con Israel. Si bien no existe un consenso unificado, la comunidad drusa ha mantenido una región bajo la influencia de Israel y aboga por una Siria democrática y descentralizada. Israel ha utilizado la fuerza militar para defender a la minoría drusa y establecer una zona de amortiguación con una comunidad leal, con el objetivo de impedir que potencias regionales hostiles ganen terreno.
Las minorías cristianas y de otras religiones también buscan preservar la identidad de sus comunidades frente a un régimen árabe-islamista en ascenso, influenciado por Hayat Tahrir al Sham (HTS). Si bien la libertad religiosa se prometió en teoría, las comunidades yazidíes han denunciado la destrucción de santuarios y temen una mayor marginación(5).
Además, la declaración adopta explícitamente el derecho internacional de los derechos humanos, al afirmar que todos los derechos y libertades estipulados en los tratados, cartas y acuerdos internacionales de derechos humanos ratificados por Siria se consideran parte integrante del documento. Si bien estas disposiciones son teóricamente importantes para la protección de los derechos de las minorías, el gobierno no las respeta en la práctica. Esta postura política autoritaria ha generado una profunda decepción entre las minorías respecto a su futuro, mientras persisten los conflictos por su reconocimiento.
Conclusión
La experiencia histórica demuestra la estrecha relación entre la legitimidad de los sistemas políticos y el reconocimiento de las minorías e identidades. En la concepción actual del multiculturalismo, las diferencias culturales no se consideran una amenaza, sino un activo social que representa la diversidad de una sociedad y constituye la base de la paz social, la estabilidad y una sociedad democrática pluralista y segura.
En resumen, la actual estructura constitucional de Siria, basada en un único grupo cultural árabe-islámico, no reconoce e ignora a otros grupos culturales e identidades. Esto genera dudas sobre la legitimidad del sistema y alimenta los conflictos persistentes. Si la Constitución permanente siria, que se redactará dentro de cinco años, no contempla a las minorías, podría fracasar en su intento de poner fin a los conflictos actuales y a la inestabilidad derivada de la fragmentación social. Para terminar con estos conflictos y establecer un orden social pacífico, la nueva Constitución debe adoptar un enfoque inclusivo, diseñando mecanismos de reparto del poder que reconozcan a todos los grupos sociales, minorías e identidades.
En otras palabras, para conformar una estructura democrática y lograr la paz y el orden social en Siria, el gobierno de transición debe integrar todas las diferencias e identidades, ya que constituyen los elementos primordiales de una estructura social multicultural.
Notas:
(1) https://syriaaccountability.org/a-problematic-constitutional-declaration/
(2) https://constitutionnet.org/sites/default/files/2025-03/2025.03.13%20
(3) https://www.kurdishpeace.org/research/kpi-qamishlo/multilingual-education-will-help-syria-s
(4) https://news.un.org/en/story/2025/08/1165649
(5) https://newlinesinstitute.org/middle-east-center/preventing-another-sectarian-authority
*Publicado el 26 de mayo de 2026 en Bianet / Traducción y edición: Kurdistán América Latina